Revuelo político por carta de presidentes de Congreso a Corte IDH

La carta que los presidentes de Senado y Cámara de Representantes, Juan Diego Gómez y Jennifer Arias, enviaron a la Corte Interamericana de Derechos Humanos mostrando su desacuerdo con la resolución de seguimiento al fallo del organismo internacional que dice que sólo un juez puede imponer inhabilidades o sanciones a una persona elegida por voto popular y no una autoridad administrativa, desató toda una polémica y críticas de sectores de oposición.El senador del Polo Democratico, Iván Cepeda , aseguró que ni el presidente del Senado ni la de la Cámara de Representantes son voceros designados para “interpretar lo que piensa u opina el Congreso de la República” sobre diferentes temas. Indicó que la carta recoge la opinión de dos congresistas y no de la corporación. “La oposición política no se siente interpretada en esa comunicación y dirigirá una comunicación propia al órgano internacional. Entre otras cosas esa carta desconoce el hecho de que Colombia está obligada ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos a cumplir las decisiones de la Corte Interamericana, ese no es un asunto de capricho o de buena voluntad, es un compromiso internacional”, indicó Cepeda. Lea también “La carta de la presidenta de la Cámara y del presidente del Senado no representa a la rama legislativa , no pueden hablar, no les permite hablar en nombre del Congreso de la República. Esa es una carta que sólo los involucra a ellos, como representante y cómo senador de la República y de ninguna manera pues le permite a ambos presidentes involucrar a la rama legislativa en una discusión tan profunda respecto de un proyecto que muchos de nosotros votamos negativamente y un pronunciamiento así exigiría una deliberación, un debate que no ha tenido lugar”, manifestó Lara.También se pronunció el senador Antonio Sanguino, quien dijo que la carta “es a todas luces un acto arbitrario y atrabiliario que pretende desconocer los fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que obligan a Colombia, en virtud de los tratados internacionales y en particular de la Convención Americana suscrita por nuestro país, y pretende además justificar la mermelada burocrática de 1208 nuevos cargos creados en la Procuraduría General de la Nación en plena campaña electoral”.En la carta los presidentes de la corporación mostraron su desacuerdo con que los jueces sean los únicos que puedan sancionar o inhabilitar políticamente a funcionarios elegidos por voto popular. Además defendieron el cumplimiento del fallo.