Protestas están afectando el trabajo del Sistema Integral para la Paz

La Unidad de Investigación y Acusación de la Jurisdicción Especial para la Paz, está alertando que el desarrollo prolongado de la protesta social en el marco del paro nacional ha afectado el trabajo del Sistema Integral para la Paz.

Esta entidad que funciona como la Fiscalía de la JEP asegura que el paro nacional ha aumentado los eventos del conflicto armado y las afectaciones de civiles en 111 municipios de interés para el Sistema.

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En términos de frecuencia, Colombia sería el segundo país con una tasa de muertes violentas por día de protesta más elevado en el mundo (un muerto cada 36 horas), después de Birmania.

En lo que va del 2021 se tiene en total un registro de 13 eventos del conflicto y 89 afectaciones de civiles, de este último se tiene un aumento mayor al 400%. Esto se evidencia en el incremento de las amenazas de muerte, homicidios a excombatientes de las Farc y eventos masivos de desplazamiento forzado.

Además, en el marco de las manifestaciones del paro nacional, la Unidad de Investigación y Acusación cuenta con un registro de 16 afectaciones dirigidas en contra de organizaciones intervinientes ante la Jurisdicción Especial para la Paz, la Comisión de la Verdad y la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas.

Estas son el Comité de Solidaridad de Presos Políticos, el Consejo Regional Indígena del Cauca, el Pueblo Awá, la Organización Nacional Indígena de Colombia y los Pueblos Indígenas del Norte del Cauca.

De acuerdo con el Sistema de Monitoreo de Riesgos, las más afectadas son el CRIC (8) y el Comité de Solidaridad de Presos Políticos (3). Los hechos se han presentado en siete departamentos del país y se han concentrado en el Valle del Cauca (5), Cauca (2) y Bogotá (2).

Igualmente, este informe advierte el surgimiento de prácticas de autodefensa y paramilitarismo para atemorizar a las personas que participan en la protesta social.

Estos reportes permiten hacer seguimiento permanente de los riesgos que puedan obstaculizar la participación efectiva de las víctimas, las organizaciones defensoras de Derechos Humanos y los comparecientes en los procesos que desarrolla la JEP en los territorios.

Este monitoreo hace un énfasis en la situación de seguridad de los siguientes grupos poblacionales: 12.716 comparecientes ante la JEP (entre ellos 9.777 excombatientes de las Farc, 307.783 víctimas individuales y colectivas (entre ellos 257 resguardos, consejos comunitarios, juntas de acción comunal, sindicatos o partidos políticos que han sido acreditados y 112 organizaciones de víctimas y de la sociedad civil que han presentado informes ante el Tribunal de Paz.