El Estado admitió parcialmente su responsabilidad en el exterminio de la UP
Aunque pidió perdón a las víctimas, el reconocimiento de responsabilidad está limitado a 219 personas y no a las 6.000 que incluye la demanda
Los demandantes solicitaron a la Corte una sentencia integral que repare a las más de 6.000 víctimas
Hoy terminó la audiencia de esta demanda por la persecución contra el Partido Unión Patriótica que duró al menos 20 años y que habría dejado 6.000 víctimas de asesinatos, desapariciones, amenazas y desplazamiento. Camilo Gómez, director de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado reconoció la responsabilidad internacional y pidió perdón en nombre del Estado a las víctimas; Sin embargo, aclaró que el reconocimiento de responsabilidad está limitado a las victimas debidamente individualizadas que según el Estado son 219 y no las 6 mil que contempla la demanda.
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"El Estado reitera que reconoce su responsabilidad internacional por violaciones a los derechos a la vida, a la integridad personal, al reconocimiento de persona jurídica, a la libre asociación, a la libertad personal, a la libertad de circulación, a los derechos políticos y a las garantías judiciales y protección judicial", declaró Gómez.
La representante de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Antonia Urrejola, dijo que "la persecución a la Unión Patriótica es un fenómeno complejo y es precisamente el Estado el que ha tenido por varias décadas el deber de esclarecer lo ocurrido a las más de 6.000 víctimas y no lo ha hecho".
En el caso están documentados 3.134 casos de privación al derecho a la vida de integrantes y militantes de la Unión Patriótica, 514 desapariciones, 501 amenazas y hostigamiento, 1.600 desplazamientos forzados, 291 tentativas de homicidio, así como casos de uso arbitrario del derecho penal y cientos de personas cuyo proyecto de vida les fue afectado gravemente.
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Los demandantes solicitaron a la Corte una sentencia integral que repare a las más de 6.000 víctimas y sus familias, que obligue al Estado a investigar todas las violaciones a los derechos humanos y se garantice la no repetición de hechos similares.