Más allá de estar a favor o en contra de las <strong>sesiones virtuales</strong>, la pregunta que varios congresistas plantean, luego de estudiar el <strong>decreto presidencial 491 del 2020</strong>, es si realmente la virtualidad podrá ser <strong>la alternativa en estos tiempos de coronavirus.</strong>"Si bien este decreto permite a las corporaciones públicas sesionar de manera virtual, lo que ocurre con el Congreso es que, además, de ser corporación pública, tiene una <strong>ley específica, la Ley Quinta</strong>, que regula su organización y funcionamiento. Estos decretos legislativos <strong>no pueden modificar las leyes orgánicas</strong> como esta, ni mucho menos la<strong> Constitución</strong>. Así que, necesitamos un alcance jurídico y claridad sobre este tema", explicó el senador del <strong>Centro Democrático, Ciro Ramírez.</strong>Por su parte, el representante de Cambio Radical, César Lorduy, agregó que "el artículo tercero de este decreto precisa que cuando las autoridades, entre ellas el Congreso, <strong>no puedan prestar el servicio de manera virtual</strong>, deberán hacerlo de forma presencial; así que, como mejor opinión, las sesiones no pueden realizarse hasta que n<strong>o se cambie la Ley Quinta</strong>; pero además, entiendo que la decisión, de acuerdo con el decreto, <strong>es sesionar de manera presencial".</strong><strong><br /></strong>Desde el Polo, el senador Jorge Robledo, enfatizó en que "es una farsa para mantener cerrado el Congreso. Es abiertamente inconstitucional; no hay una sola norma en Colombia, ni en la Constitución ni en la Ley, que le <strong>permita al presidente convocar esta farsa de las sesiones virtuales</strong>. No tiene el derecho de atropellar de esta manera las leyes de la República".Mientras tanto, la representante conservadora Adriana Matiz consideró que "el paso a seguir, mientras la <strong>Corte estudia la legalidad</strong> y alcance jurídico de este decreto, es que las mesas directivas, tanto de Senado como de Cámara, dispongan los <strong>mecanismos tecnológicos correspondientes</strong> con el fin de <strong>brindar todas las garantías</strong> de participación a los congresistas y a los trámites que se vayan a desarrollar".Al respecto, la abogada Catalina Botero, especialista en derecho constitucional indicó, en su cuenta de Twitter, que "<strong>la tesis según la cual el Congreso no puede tener sesiones virtuales</strong> conduce, en momentos como los actuales, a un <strong>bloqueo instituciona</strong>l que, de facto, suprime a la rama legislativa y compromete los cimientos del Estado de derecho. Lo que es inconstitucional es no sesionar".