Así se están salvando los proyectos anticorrupción en el congreso

Después de que el Gobierno Nacional pusiera mensaje de urgencia a los proyectos anticorrupción, las plenarias de Senado y Cámara de representantes aprobaron dos iniciativas que contienen la declaración de renta para funcionarios públicos y el proyecto de Pliegos Tipo.La iniciativa de declaración de renta hace parte del punto número seis de la Consulta Anticorrupción y solo le falta la firma del presidente Iván Duque para ser ley de la república.Este proyecto obliga a los funcionarios públicos como congresistas, magistrados, ministros, fiscales, e incluso el presidente, a publicar su declaración de renta y su conflicto de intereses. Así lo especifico la senadora Angélica Lozano, ponente de esta iniciativa “Tienen que hacer dos cosas: deben hacer pública su declaración de renta en el SIGEP que es el sistema donde todos debemos poner la hoja de vida y además los conflictos de interés (…) hasta el rey pepinito tiene que hacer pública esta información” aseguró.Por otra parte, el proyecto de pliegos tipo, que fue aprobado en último debate y fue radicado por la ministra Nancy Patricia Gutiérrez , busca garantizar mayor transparencia en la contratación pública del país para evitar factores excluyentes que limiten la participación de contratistas.Tras su aprobación la ministra señaló “Es una herramienta fundamental de transparencia y lo que busca es que cuando se vaya a convocar a una licitación pública, o a una obra pública, no se haga pensando en el contratista, sino que se haga pensando en lo que requiere realmente la administración ” afirmó.Durante el debate los congresistas definieron que la elaboración de los documentos estará en cabeza de Colombia Compra Eficiente, con el apoyo de las entidades del nivel central y territorial. El proyecto todavía debe ser conciliado entre la Cámara y el Senado por lo que debe ir a sesiones extraordinarias la próxima semana. Otro de los proyectos que ha avanzado es la iniciativa que elimina la casa por cárcel para corruptos, a la que solo le falta un debate en la plenaria del senado, este proyecto establece que los funcionarios públicos y particulares que incurran en hechos de corrupción y delitos contra el Estado, tendrían que devolver en su totalidad los recursos apropiados ilegalmente y quedarían inhabilitados de por vida.