Organizaciones como la Asociación Campesina del Catatumbo, la Federación de Trabajadores Libres de Norte de Santander<strong>, la Red de Mujeres Comunitarias del Catatumbo y la Asociación de Mujeres Víctimas de Violencia Sexual</strong>, suspendieron su participación en la Política Pública Integral de Respeto y Garantías para la labor de Defensa de los Derechos Humanos. En el programa, del Ministerio de Interior, se formulan propuestas para la defensa de los derechos humanos en algunas regiones del país. En Norte de Santander las organizaciones aseguran que la respuesta del Gobierno para atender hechos de violencia ha sido la militarización de la región. Frente a la situación, piden que se reconozca el conflicto armado entre el <a title="ELN" href="https://caracol.com.co/tag/eln_ejercito_liberacion_nacional/a/" target="_blank">ELN</a> y el EPL, así como proteger a líderes sociales, comunitarios, sindicales, <a title="Activismo Lgtbiq" href="https://caracol.com.co/tag/activismo_lgtb/a/" target="_blank">LGBT</a>, reclamantes de tierras despojadas y pueblos indígenas. Según cifras de <strong>Migración Colombia, en Norte de Santander</strong> hay más de 180 mil ciudadanos venezolanos y por eso las organizaciones reclaman por una política migratoria con enfoque de género para la atención de mujeres que llegan al departamento y pueden ser víctimas de trata de personas. <strong>También piden garantías para el ejercicio de la protesta social.</strong>