Economía

Caso Odebrecht

Abren nuevo proceso penal en Perú por caso Odebrecht

La justicia peruana abrió un proceso penal al exfiscal general Pedro Gonzalo Chávarry.

Abren nuevo proceso penal en Perú por caso Odebrecht

Abren nuevo proceso penal en Perú por caso Odebrecht(Getty Images)

El exfiscal general Pedro Gonzalo Chávarry, es acusado por el presunto delito de encubrimiento en el escándalo de corrupción desatado por la constructora brasileña Odebrecht.

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"Se abre proceso penal sumario con comparecencia simple al fiscal Pedro Chávarry Vallejos por el delito de encubrimiento real en agravio del Estado", señaló el Poder Judicial en Twitter.

Chávarry, quien aún se desempeña como fiscal supremo en el ministerio público, será procesado por la destitución del jefe del equipo especial del caso Odebrecht, Rafael Vela, y su adjunto, José Domingo Pérez, el 31 de diciembre del año pasado, cuando aún ejercía el cargo de fiscal general.

Las protestas populares contra la remoción de los dos fiscales obligó a Chávarry a retroceder y reponerlos al frente de las investigaciones del caso Odebrecht.

La maniobra dejó al descubierto la intención del entonces fiscal general de frustrar un acuerdo de cooperación judicial entre las fiscalías de Perú y Brasil.

En virtud de ese acuerdo, ya vigente, los fiscales locales reciben testimonios y pruebas de sobornos a políticos peruanos en una modalidad conocida como "delación premiada". A cambio, la fiscalía desiste de acusar a los funcionarios brasileños de Odebrecht.

Chávarry renunció en enero al cargo, pero quedó como fiscal supremo protegido por sectores conservadores del Congreso.

Pero el juez Hugo Núñez ha dado luz verde a la acusación de encubrimiento y dispone de 90 días para resolver el caso.

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Según el fiscal Alcides Chinchay, quien presentó los cargos, la intención de Chávarry al solicitar información sobre el proceso de colaboración era acceder a datos privilegiados con la finalidad de filtrarlos a los investigados y trabar las acciones del equipo especial de fiscales.

Julio Rodríguez, abogado de Chávarry, alega que los hechos imputados a su patrocinado no constituían delito, porque estaban dentro de las prerrogativas que le correspondían como fiscal general.

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