<strong>Caracol Radio</strong> verificó la investigación que adelantó el Portal <strong>Cuestión Pública</strong> y Salud con Lupa, en el que cuestionan la relación de la actual ministra del Interior, <strong>Nancy Patricia Gutiérrez</strong> con una empresa privada y una fundación médica, que a su vez tienen negocios entre sí.En la publicación realizan <strong>señalamientos</strong> de una presunta <strong>relación</strong> de estas empresas con el <strong>Congreso</strong> y con el <strong>Gobierno</strong>, así como con campañas electorales y otras empresas del sector farmacéutico, además de la <strong>participación de la ministra del Interior</strong> de 2 documentos Conpes que beneficiarían al sector médico y por los que habría un conflicto de intereses.<strong>Caracol Radio</strong> en reunión con la ministra del Interior y con su esposo, Miguel Germán Rueda mencionado en la publicación<strong> verificó además los soportes y otros documentos</strong> con los que la funcionaria se defiende y niega las acusaciones.Los documentos publicados por Cuestión Pública fueron verificados por Caracol Radio en la Cámara de Comercio, en las<strong> bases de datos oficiales,</strong> en los registros de las firmas mencionadas. Otros documentos y soportes fueron suministrados directamente por la propia ministra del Interior.El nombre de <strong>Nancy Patricia Gutiérrez,</strong> al igual que su esposo, <strong>Miguel Germán</strong> <strong>Rueda</strong> y su cuñada Patricia Rueda<strong> aparecen vinculados</strong> a una <strong>firma privada</strong> y una fundación.Se trata de la compañía <strong>Principia Médica S.A.S. q</strong>ue tiene como objeto importar insumos médicos para lo que ha tramitado<strong> registros sanitarios ante el Invima.</strong> Entre tanto, Hemolife, tiene un régimen especial de tributación e <strong>ingresos por más de $18 mil millones de pesos</strong> en 2018 y es actualmente el segundo banco de tejidos más importante del país.Estas empresas tienen una relación comercial que, según Cuestión Pública representa una especie de "carrusel". Al respecto y en respuesta a Caracol Radio <strong>Miguel Rueda</strong> aseguró que la <strong>facturación</strong> de Principia Médica a Hemolife <strong>no supera el 30 %</strong> del gasto, los precios corresponden a los comerciales promedio del mercado y se ajustan a la<strong> normatividad vigente del Estatuto Tributario.</strong>En la fundación Hemolife, <strong>Nancy Patricia Gutiérrez</strong> fue socia adherida y parte de la Junta Directiva, un cargo que ocupó hasta poco antes de su posesión como ministra del Interior. Mientras que en la <strong>firma Principia Médica S.A.S</strong>, aún figura como subgerente según el registro de<strong> Cámara de Comercio.</strong>Frente a esta irregularidad, la funcionaria entregó a <strong>Caracol Radio</strong> el Acta 025 de la Asamblea General de Accionistas del 26 de julio del 2018 en la que <strong>renunció al cargo</strong> y el mismo fue eliminado. La funcionaria afirma que en su momento no se registró el cambio ante la <strong>Cámara de Comercio</strong> porque no se consideró necesario, pero asegura que desde esa fecha<strong> cesó cualquier actividad o relación con esta empresa privada.</strong>Por otra parte, <strong>Miguel Germán Rueda,</strong> su esposo, figura también como s<strong>ocio adherido</strong> y además como <strong>presidente del Consejo Directivo de la fundación Hemolife,</strong> además es único accionista de la firma privada Principia Médica. Su hermana, Patricia es gerente de Hemolife.Rueda es médico, neurólogo del Rosario, especialista en trastornos del movimiento de la Universidad de Barcelona y en nuevas técnicas de aplicación de toxina botulínica de la Universidad de Nueva York, también es <strong>ex director del Invima.</strong> Asegura que ha dedicado su vida y sus conocimientos a impulsar Hemolife que es actualmente el segundo banco de tejidos más grande del país.La publicación señala a la ministra del Interior por un presunto conflicto de intereses que viene incluso desde la época de su paso por el Congreso y un presunto <strong>favorecimiento a la industria farmacéutica.</strong>Esto porque en el 2007, desde la presidencia del Senado, la actual ministra Gutiérrez fue ponente del <strong>proyecto de ley 1166 de 2007,</strong> “por medio del cual se aprueba el tratado modificatorio del Acuerdo de Promoción Comercial Colombia–Estados Unidos”, firmado en <strong>Washington</strong> junto con el presidente de entonces,<strong> Álvaro Uribe Vélez.</strong> Este acuerdo incluía “la promoción del acceso a medicamentos para todos, en particular los<strong> casos relativos al VIH/SIDA</strong>, la tuberculosis, el paludismo y otras epidemias, así como situaciones de suma urgencia o de<strong> emergencia nacional</strong>…”.Aseguran los investigadores de Cuestión Pública que el apoyo que le brindó la ministra Gutiérrez desde el Congreso a la <strong>venta de medicamentos para el tratamiento del VIH,</strong> entre otras enfermedades de alto costo, traería 8 años después beneficios a las empresas relacionadas con Hemolife y con Carlos Sepúlveda el representante legal de Principia Médica, porque<strong> solicitaron los registros sanitarios de medicamentos para el VIH.</strong>Sobre este punto, la ministra Gutiérrez asegura que fue la ponente del TLC con Estados Unidos pero <strong>no participó de su elaboración ni pudo modificar absolutamente nada</strong> de su contenido."Fue una negociación al más alto nivel que se desarrolló entre los<strong> gobiernos de Colombia y Estados Unidos".</strong> Este acuerdo lo aprobó el Congreso de Colombia en el 2007, pero solo entró en vigencia en el 2012 cuando fue aprobado por el legislativo norteamericano.Tanto la ministra como su esposo llaman la atención en que Principia Médica se inició en el 2009 y la Fundación <strong>inició actividades en 2011,</strong> años después de que se aprobará el TLC.Otro presunto conflicto de interés que advierte la publicación sería por la participación Miguel Rueda en la Fundación Hemolife y la contratación pública de la misma.La Constitución de Colombia prohíbe que<strong> funcionarios públicos</strong> celebren contratos con el Estado a nombre propio o a través de intermediarios y menciona <strong>Cuestión Pública</strong> el artículo 8 del Estatuto General de Contratación sobre las <strong>inhabilidades de los cónyuges para contratar con el Estado.</strong> En el Secop registra Hemolife alrededor de <strong>$500 millones de pesos</strong> en varios contratos y convenios con hospitales y empresas sociales del Estado, celebrados entre <strong>2015 y 2019</strong>, 2 de estos contratos se iniciaron después de agosto de 2018 cuando ya la ministra ejercía funciones.Frente a este punto, en primer lugar la<strong> ministra Gutiérrez</strong> aclaró que <strong>no existe inhabilidad de Hemolife</strong> para contratar con el Estado, ya que en primer lugar el representante legal es Sepúlveda y en segundo lugar porque la Ley 80 se refiere a los parentescos entre la firma y la entidad contratante, y en ningún caso existe alguna relación con el Ministerio del Interior.Por su parte el doctor <strong>Rueda,</strong> esposo de la ministra resalta que de los más de<strong> $18.000 mil millones de pesos de facturación anual</strong>, solo <strong>$100 millones </strong>en promedio corresponderían a <strong>contratación pública.</strong>Los dos <strong>contratos</strong> que se cuestionan por ser obtenidos luego del 7 de agosto del año pasado, fueron suministrados por el Miguel Rueda a Caracol Radio.El primero corresponde al<strong> Hospital Susana López de Valencia de Popayán</strong> por $70 millones que venía de febrero de 2018 y que tuvo una adición de<strong> 20 millones en septiembre del año pasado.</strong>El segundo corresponde al<strong> Hospital San Rafael de Facatativá,</strong> firmado el 21 de agosto del año pasado por $<strong>20 millones.</strong>El médico Rueda, esposo de la ministra del Interior, aclaró que Hemolife tiene actualmente <strong>130 clientes</strong>, menos de 10 del sector público y afirma que en muchas ocasiones se suscriben por razones sociales, teniendo en cuenta el difícil acceso a los hemocomponentes que tienen algunos centros de salud, <strong>especialmente en zonas rurales del país.</strong>“El banco distribuye a Clínicas públicas y privadas, pues es su obligación hacerlo con quien lo necesite, porque son<strong> suministros vitales para la vida de los seres humanos”</strong>, señaló.Agregó que Hemolife es una fundación con <strong>más de 150 empleados,</strong> laboratorios especializados, equipos médicos de última tecnología, acreditada en gestión de calidad, con todos los documentos y licencias en regla.La investigación de<strong> Cuestión Pública</strong> señala que existe una relación de la ahora ministra Nancy Patricia con firmas farmacéuticas que presuntamente se verían favorecidas por unos <strong>documentos Conpes</strong> que firmó este año la administración del presidente, Iván Duque.Dentro de los registros que presenta Cuestión Pública se encuentra la <strong>donación de $5 millones de Principia Médica y de Carlos Sepúlveda</strong> el representante legal de Principia Médica por<strong> $1,5 millones a Rodrigo Lara Restrepo,</strong> cuando intentó ser senador por primera vez por Cambio Radical, el mismo partido de la ministra del Interior.Cuestionan que Lara perdió esas elecciones, fue entonces presidente de <strong>Asomovil</strong> y 4 años después, Nancy Patricia Gutiérrez<strong> asumió la presidencia de este gremio</strong> cuando él logró llegar al Senado en el 2014.Un año después, la ahora ministra Gutiérrez recogió dinero para su campaña a la Gobernación de Cundinamarca de varias entidades del sector salud, entre ellas está el Laboratorios DAI de Colombia que le<strong> aportó $10 millones</strong> y tiene vínculos con Hemolife, junto con Thomaston de Colombia, firma de la que hizo parte Carlos Sepúlveda y que figura además en los registros con un <strong>préstamos</strong> <strong>de $67 millones de pesos a la fundación.</strong>Al respecto, la ministra del Interior afirmó a Caracol Radio <strong>llegó como presidenta a Asomovil</strong> a través de una firma de Head Hunters y no por Lara.Así mismo señala que los aportes de<strong> Laboratorios DAI</strong> y otras firmas a la campaña, además de ser mínimos fueron reportados y se ajustaron a la legislación colombiana.La ley 1434 de 2011 les exige a los funcionarios públicos declararse impedidos cuando tengan<strong> “interés particular y directo en la regulación, gestión, control o decisión del asunto, o tenerlo su cónyuge, compañero o compañera permanent</strong>e", lo que obligaría a la ministra del Interior a apartarse de las discusiones que tienen que ver con la industria médica.La primera semana de este 2019 la ministra Gutiérrez participó de la a<strong>probación del Conpes 3956</strong> que fijó los parámetros gubernamentales para la “Política de formalización de empresas”.El portal afirma que incluye una política para facilitar los trámites y acelerar los procesos de los registros del Invima, registros sanitarios que son solicitados por Principia Médica y por Carlos Sepúlveda y que beneficiaría a otras empresas médicas y farmacéuticas relacionadas con él.Sobre este tema, la ministra del Interior afirmó a Caracol Radio que <strong>no estaba obligada a declararse impedida porque la formalización empresarial no es de competencia del Ministerio del Interior,</strong> pero además es de interés general y no particular.En referencia al Invima asegura que la implementación de una plataforma virtual para agilizar los trámites es algo que beneficia a todas las empresas del país y no a un sector en particular.El doctor Rueda por su parte aclaró que Principia Médica<strong> tiene 2 registros de Invima</strong> que fueron tramitados desde el 2014 y que actualmente no tienen trámites pendientes o por realizar ante esta entidad.El otro al que hacen referencia es el Conpes 3957 "Política Nacional de Laboratorios", en el que el gobierno prevé destinar más de<strong> $179 mil millones de pesos</strong> para “tener mejores laboratorios y contribuir a mayor innovación en procesos y productos (…) que permitan el desarrollo de patentes”, el portal cuestiona que se beneficiarán privados como Hemolife y Laboratorios DAI, entre otros.Allí la duda surgió porque aparece el nombre de la ministra del Interior en el documento, sin embargo, la funcionaria entregó<strong> a Caracol Radio</strong> la <strong>certificación</strong> <strong>firmada por Rafael Puyana,</strong> Subdirector del DNP y secretario técnico del Conpes, en el que consta que se declaró impedida y <strong>no participó de la discusión</strong>.Finalmente advierte la publicación que desde el <strong>Ministerio del Interior</strong> se estarían beneficiando otras iniciativas legislativas como el proyecto que avanza en el Congreso, que busca que la donación de sangre en el país se mantenga voluntaria y no remunerada. La ministra <strong>Gutiérrez</strong> aseguró a Caracol Radio <strong>desconocer este proyecto</strong> de ley y negó también que esté impulsando este tipo de iniciativas.