El estudio sobre cadena perpetua de la comisión asesora del Gobierno

Las conclusiones no son favorables a la idea de condenar a toda una vida de prisión.

Cárceles /

En medio de la discusión que volvió a surgir en el país sobre castigar o no con cadena de prisión perpetua a los agresores sexuales de menores de edad, también toman relevancia los estudios jurídicos previos que se han hecho en el país.

Y de particular importancia es el análisis hecho por la Comisión Asesora de Política Criminal, cuyos resultados difieren de ir en favor de la prisión para toda una vida, por motivos constitucionales, jurídicos, sociales y económicos.

El documento completo no se conocía hasta hoy, cuando tuvo acceso a él Caracol Radio. Y aunque, por haber sido ordenado por una entidad oficial, el Ministerio de Justicia, tendría carácter público, es imposible acceder a él, pues no ha sido divulgado por ese despacho y está bloqueado su acceso a través de la web.

En cambio, sí se conocían los alcances de la discusión que ha generado el estudio, pues generó incluso la reciente renuncia del presidente de la Comisión, Ricardo Posada.

"Los acontecimientos de las últimas semanas me han llevado a reflexionar profundamente sobre la independencia académica de la Comisión y sobre el papel que viene desempeñando el Ministerio de Justicia en su labor", dijo posada el 9 de julio pasado.

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El centro de la polémica es que el estudio sobre la cadena perpetua fue encargado a la comisión por la exministra de Justicia Gloria Borrero, pero sus resultados los está usando quien la sucedió en ese cargo, Margarita Cabello.

La ministra Cabello aseguró que los resultados de ese estudio no son de obligatorio cumplimiento para el Gobierno, declaración que no gustó en la Comisión de expertos.

"La tarea de estudiar desde un punto de vista científico los problemas juridicopenales, procesales y criminológicos del país es crucial y dichos estudios deben ser divulgados con prontitud y transparencia para el beneficio de toda la comunidad, con independencia de que sean o no acogidos por las autoridades públicas”, insistió Posada al anunciar su renuncia.

Los otros comisionados son Marcela Gutiérrez Quevedo, José Fernando Mestre Ordóñez, Gerardo Barbosa Castillo, Hugo Acero Velásquez, Mónica Pedroza Garcés, Mauricio Pava Lugo, Miguel Fernando Córdoba Angulo, Alfonso Cadavid Quintero y Jesús Antonio Muñoz Gómez.

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