La posición que sostuvo la <strong>Fiscalía General de la Nación</strong> en la Corte Constitucional frente al conflicto de competencias con la <strong>JEP</strong> por la petición de información del estado de los bienes de las <strong>FARC</strong> en procesos de extinción de dominio, es decir, los <strong>bienes no inventariados por el extinto grupo guerrillero</strong>, no fue exactamente la que acogió el alto tribunal.La Corte concluyó que es la Fiscalía la que debe adelantar los proceso de<strong> extinción de dominio o cualquier medida cautelar</strong> sobre ese tipo de bienes, no le dio la razón frente a su postura sobre el destino final de los mismos. Decía el ente investigador que los bienes no eran para la <strong>reparación de las víctimas</strong>, sino para el p<strong>resupuesto nacional.</strong>"La información relativa a los bienes y activos no inventariados, respecto a los cuales se adelanta un <strong>proceso de extinción de dominio,</strong> no constituye material relevante para el ejercicio de las funciones que constitucional y legalmente han sido confiadas a la JEP, en tanto que los mismos no sirven a la finalidad de reparar las víctimas, conforme a expreso mandato legal (art. 91, Ley 1708 de 2014) y cuentan con un <strong>tratamiento judicial diferente,</strong> regulado en la Ley 1708 de 2014", le decía la Fiscalía a la Corte en una comunicación.Así mismo señalaba: "la reparación de las víctimas no constituye entonces en el presente asunto una motivación jurídicamente adecuada para el requerimiento de información y el derecho de <strong>medidas cautelares sobre bienes y activos</strong> que en los términos de la legislación vigente no sirve para ese propósito".Esta postura era la que más preocupaba al interior del <strong>Tribunal de Paz,</strong> pues precisamente se está adelantando el estudio de medidas cautelares sobre los bienes de las FARC, teniendo en cuenta el<strong> inventario entregado el 15 de agosto de 2017,</strong> para que todos terminen en el Fondo de Reparación.La Corte señala específicamente, que si se comprueba que los bienes son de la extinta guerrilla durante los procesos de extinción de dominio, estos igual <strong>tendrán que ir al Fondo</strong>, decisión que celebró la JEP, pues de lo contrario el 25 % de ellos habría ido a la Rama Judicial, otro 25 % a la Fiscalía, 10 % a la Policía Judicial de la Policía Nacional y el 40 % al Gobierno Nacional para que se encargue de la<strong> infraestructura penitenciaria y carcelaria.</strong>Por lo tanto, para ellos fue como una victoria: "La JEP celebra que la Corte Constitucional haya acogido el argumento central de esta jurisdicción respecto a que <strong>los bienes de esta exguerrilla</strong> se usen exclusivamente para la r<strong>eparación de las víctimas del conflicto armado".</strong>El fiscal <strong>Néstor Humberto Martínez,</strong> quien fue quien solicitó la intervención de la Corte, dijo que también celebraba la determinación y aseguró que ya tienen bienes por valor aproximado de <strong>2.4 billones de pesos.</strong>En el mismo documento la Fiscalía le informó a la Corte que las investigaciones sobre los bienes se adelantan en <strong>82 radicados</strong> en la Dirección Especializada de Extinción de Derecho de Dominio y que más de<strong> 13 millones de archivos analizados</strong> y<strong> más de 17 mil entrevistas</strong> han permitido identificar bienes que son presuntamente de las FARC."A la fecha, (octubre de 2018), las investigaciones de la Fiscalía en materia de <strong>extinción de dominio</strong> de bienes relacionados con las FARC- EP ha permitido afectar bienes por la suma de<strong> 2.3 billones de pesos</strong>", suma que ya aumentó, según el fiscal.