En una carta dirigida al director del Inpec, general William Díaz, y a la ministra de Justicia, Gloria María Borrero, el Fiscal General, Néstor Humberto Martínez, advirtió que desde hace dos años más de 900 personas privadas de la libertad están en las salas de paso de la Fiscalía General que solo tienen capacidad para alojar 686 personas.
Ante esta situación, señala el ente acusador, es imposible seguir efectuando capturas en varias regiones del país.
Según la Fiscalía no se podrán hacer capturas en Atlántico, Bogotá, Cauca, Boyacá, Cesar, La Guajira, Magdalena, Medellín, Norte de Santander, Quindío y Risaralda.
A causa del hacinamiento los capturados quedan en libertad por vencimiento de términos y nunca son llevados a centros penitenciarios.
La petición desde la fiscalía al Inpec es adoptar soluciones estructurales para solucionar la crisis carcelaria que depende del Ministerio de Justicia.
