Más de 1700 estudiantes de Cartagena deberán ser reubicados

La Corte Constitucional tomó la medida mientras estudia una tutela por el mal estado del colegio en el que estudian.

La Secretaría de Educación de Cartagena tendrá que reubicar a más de 1700 estudiantes por las condiciones en las que está la Institución Educativa San Felipe Neri. Es una orden que da la Corte Constitucional, específicamente la magistrada Gloria Stella Ortíz, pues, aunque no se ha decidido a fondo sobre una tutela que se interpuso contra la Alcaldía y la Secretaría por este problema que aseguran, viola los derechos de los niños, se prevé un grave riesgo.

Esto, porque se encontraron graves fallas de estructura en la infraestructura del colegio: “las vigas están desgastadas, el piso y las paredes se encuentran agrietados, las unidades sanitarias están en mal estado, los bebederos están averiados, a los estudiantes no se les provee un servicio adecuado de alimentación, la institución no cuenta con un buen sistema de desagüe y se inunda con facilidad, lo cual obliga a cancelar las clases”. Incluso, varios estudiantes han salido heridos por dichas falencias.

La reubicación, sin embargo, no es tan sencilla. La Corte da unas condiciones específicas que se deben cumplir, como por ejemplo que la calidad educativa del colegio a donde sean trasladados no debe ser menor a la que recibían y que los nuevos colegios no pueden estar ubicadas a más de un kilómetro de la Institución porque si no el colegio San Felipe Neri deberá garantizar el transporte escolar gratuito.

De hecho, especifica: “Estas medidas no podrán generar a los estudiantes ni a sus familias gastos adicionales a los que ya soportan actualmente como consecuencia de estudiar en la Institución Educativa San Felipe Neri”.

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La Secretaría también debe reubicar a todo el personal académico y administrativo sin desmejorar sus condiciones y entregar un informe sobre el cumplimiento de las órdenes antes del 29 de enero de 2019.

Además, la Secretaría, el ICBF, la Procuraduría y la Personería deberán conformar un comité para estar al tanto de todas las acciones de la institución y el 21 de enero deberán entregar su informe.

“Lo anterior -se lee en el auto-, con el fin de evitar la eventual consumación de daños irreparables en los derechos fundamentales de los estudiantes y del personal invocados en la solicitud de amparo, especialmente al tener en cuenta que muchos de ellos son sujetos de especial protección constitucional al ser menores de edad”.

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