El programa Vive Digital sería apagado por falta de pago

Vive Digital es uno de los programas banderas del gobierno , porque brinda internet público a la mayoría de municipios del país. Está a punto de quedar apagado, por líos en los pagos entre el Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, el Fonade y las entidades operadoras. El problema consiste en que el MinTIC no le ha hecho al Fonade el quinto de los pagos a los que se comprometió por este servicio, por unos $32.000 millones, alegando que hubo regiones en que se sumaron integradores de manera irregular. Ante esa falta de pago, Fonade tampoco le ha girado a la empresa encargada de garantizar la conexión a internet en los municipios. Al reconocer la gravedad de la situación, Fonade asegura dos cosas: primero, que las supuestas irregularidades no han sido confirmadas por la Superintendencia de Industria y Comercio o por alguna de las entidades de control del Estado y, segunda: que resulta extraño que existiendo los mismos integradores, el Ministerio sí hubiera realizado los cuatro pagos previos, pero que haya cortado esa obligación hace quince meses. Durante ese tiempo, el programa Vive Digital ha seguido funcionando, sin que Fonade reciba peso alguno , por lo que la junta directiva de la entidad alertó del riesgo patrimonial que existiría si se siguen operando los puntos sin recibir el quinto pago. Con el apagón, serían cerca de 900 los municipios del país en que operan Puntos Vive Digital, que quedarían sin servicio público de internet. En diciembre de 2015 el Fondo TIC del Ministerio suscribió un contrato para que durante 27 meses garantizara la continuidad de 872 Puntos Vive Digital . Las actividades de Fonade consistían en contratar la conectividad de los puntos, mantener los equipos y diseñar labores de capacitación a los usuarios de estos lugares. El valor del contrato ascendió a $201.000 millones y se realizó en diciembre de 2016, con un retraso de más de 7 meses con respecto a lo previsto en el cronograma, cuando el gerente general de Fonade era Ariel Alfonso Aduén. En consecuencia, de los 27 meses que se previa ejecutar las actividades solamente se alcanzaría a prestar durante 19. Sin embargo, el presupuesto de las actividades de interventoría y de los integradores que hacían los mantenimientos y las capacitaciones sí se gastó por el monto estimado para los 27 meses. Uno de los problemas centrales del caso es que la contratación de los proveedores (integradores y encargados de la interventoría) se hizo de manera directa, aprovechando que el manual de contratación de Fonade permitía esa opción tratándose de proyectos de ciencia y tecnología. Es decir, no hubo licitaciones públicas. El único contrato que se asignó mediante un proceso público a través de Colombia Compra Eficiente fue el de la conectividad, sobre el que el Fontic del Ministerio no tiene objeción en cuanto a costos y mecanismo de contratación. Dado ese subterfugio, dentro de las firmas que hicieron parte de las uniones temporales hubo algunas que estaban en ley de reestructuración, lo que no impidió que recibieran (como todas las demás) un anticipo del 30% del valor del contrato. La actual administración de Fonade encontró que hubo irregularidades evidentes con ese mecanismo de contratación directa, con los anticipos a los integradores y con cotizaciones exageradas para compra de equipos y para mantenimientos. Lo mismo puede decirse de la interventoría, cuyo valor de $14.900 millones se mantuvo como si se fuera a operar durante 27 meses pese a que el contrato sería de 19 meses. Pese a esas irregularidades que hoy se conocen, los contratos arrancaron y el Fondo TIC del Ministerio aprobó los primeros pagos a Fonade. Pero después comenzó a quejarse por las demoras en la ejecución de los contratistas (integradores) y diciendo que en algunos casos lo pactado en los contratos no coincidía con los lineamientos del Convenio. En efecto, el MinTIC aprobó cuatro pagos a las actividades que venía adelantando Fonade, hasta el primer semestre de 2017. Desde ese momento se ha negado a realizar nuevos pagos, los cuales son vitales para que Fonade pueda pagarle a los proveedores, particularmente los que no recibieron anticipos. Al gerente Aduén lo sustituyó en agosto de 2017 Alejandra Corchuelo (quien en paralelo se desempeñaba como subdirectora del Departamento Nacional de Planeación). Ella puso en conocimiento de los organismos de control y vigilancia las anomalías de esos contratos, investigaciones que no han llegado a alguna conclusión. Álvaro Balcázar Acero llegó a ocupar la titularidad de la gerencia de Fonade en enero de este año y durante su gestión le ha insistido a la Superintendencia de Industria y Comercio que revise las irregularidades en la selección de los contratistas. Así mismo, ha solicitado al Ministerio de las TIC que pague por los servicios entregados, con especial énfasis en la conectividad, sobre la cual no habría objeciones. El Ministerio, sin embargo, no ha hecho pago alguno, por lo que hay cuentas pendientes de pago de conectividad, que de no ser canceladas hoy antes de la medianoche, ocasionará la desconexión del servicio y un traumatismo casi absoluto en la operación de los puntos Vive Digital. A Fonade el no reconocimiento de las cuentas presentadas al MinTIC le genera daños financieros superiores a $32.000 millones y que podrían ascender a más de $100.000 millones, de no lograrse una solución conjunta entre las dos entidades del Estado. De llegarse a ese escenario de deuda, Fonade entraría en causal de liquidación, porque ese monto superaría el 50% de su capital. Mientras tanto, el gerente Balcázar modificó los costos de referencia que tenían los contratos de los integradores, que consideró exorbitantes, y les solicitó a estos firmar un otrosí en el que se comprometen a amortizar el anticipo antes de que acabe el contrato. Sin embargo no todos los integradores lo han firmado. El panorama para el programa Vive Digital es sombrío, pues Fonade está imposibilitado de pagarles a los contratistas, pues si lo hace incumple lo que establece el convenio con MinTIC, en el aparte que le prohíbe superar en los pagos a los contratistas, el monto de los recursos que esa entidad le entregue. Una solución al problema estaría en que organismos de control se manifiesten sobre las irregularidades de los contratos y que el MinTIC le pague a Fonade los servicios prestados sobre los que no hay objeción.