Justicia

Contraloría y Procuraduría cuestionan acuerdo entre Lyons y la Fiscalía

Los organismos de control ven como un mal ejemplo para la justicia colombiana la condena que pagará el ex gobernador de Córdoba.

(Contralor Edgardo Maya y Procurado Fernando Carillo. Colprensa/Archivo)

“¿Cometer los actos de corrupción más atroces y luego pagar penas irrisorias y devolver sumas insignificantes de lo que desfalcaron?”, se preguntaron el Contralor General Edgardo Maya y el Procurador General Fernando Carrillo al conocerse el acuerdo aprobado por la Corte Suprema de Justicia que obliga al ex gobernador de Córdoba, Alejandro Lyons a pagar cinco años de cárcel y a devolver solo 4 mil millones de pesos definido en el principio de oportunidad.

Los organismos de control calificaron el acuerdo como un mal ejemplo para la justicia colombiana, por lo que anunciaron además que iniciarán un incidente de reparación de perjuicios ante la Corte Suprema de Justicia.

“Acudiremos a todos los recursos que nos ofrece la Constitución y la ley para defender el patrimonio de los colombianos”…“Nos hemos pronunciado en todas las etapas del proceso, porque consideramos que este acuerdo no le hace justicia a las víctimas de estos escandalosos actos de corrupción, que han indignado a todo el país”, manifestaron en un comunicado conjunto.

Por su parte el Contralor General, recordó que la Contraloría General, ha actuado como víctima dentro del proceso y que se había opuesto desde el inicio del trámite al principio de oportunidad acordado entre la Fiscalía General y Alejandro Lyons.

“La Contraloría destapó este abominable caso en el que se detectó que se hicieron pagos por 117 falsos pacientes hemofílicos con exámenes de laboratorio también falsos, nosotros destapamos los casos de corrupción y la justicia premia a los delincuentes”, expresó.

Recordaron además que la Procuraduría General le formuló pliego de cargos al exfuncionario por pagar terapias de neurorehabilitación que nunca tuvieron contratos reales y también es investigado por el llamado ¨cartel de la toga¨. Finalmente Carrillo Flórez y Maya Villazón, consideraron que es necesario revisar este sistema en cuanto a las penas a imponer y los mecanismos que se utilizan.

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