La Fiscalía de la Audiencia Nacional <strong>pide que se investigue los hechos ocurridos los días 20 y 21 de septiembre</strong>, después de que el juzgado de instrucción número 13 de Barcelona ordenara los registros en sedes del Govern en el marco de la operación Anubis contra el referéndum ilegal del 1 - O.El Ministerio Público considera que estamos ante un presunto delito de sedición porque <strong>"una muchedumbre de personas se concentró ante los edificios registrados con la finalidad de impedir por la fuerza a los agentes el legítimo ejercicio de sus funciones</strong> y el cumplimiento de las resoluciones judiciales".Añade que la finalidad última es "<strong>conseguir la celebración del referéndum y la proclamación de una república catalana independiente</strong>, siendo conscientes de que desarrollan una actuación al margen de las vías legales impidiendo la aplicación de la norma fundamental de todos los españoles.Por ello,<strong> pide a la Audiencia Nacional que admita a trámite la denuncia y solicite a la Guardia Civil un informe sobre lo ocurrido.</strong> En caso de admitirse a trámite, reclama "investigar quienes son las personas que han dirigido o inducido estas actuaciones o la existencia de un concierto de voluntades entre personas o entidades que hayan impulsado movilizaciones para imponer el referéndum independentista inconstitucional, <strong>haciendo saber al Estado su intención y capacidad para actuar, incluso violentamente</strong>, ante una eventual oposición".A falta de atestado, el relato de los hechos que hace en su denuncia el fiscal apunta a la <strong>Asamblea Nacional Catalana y a Omniun Cultural.</strong> La denuncia detalla los problemas con los que se encontraron los agentes de la guardia civil en los registros de las <strong>consellerías de exteriores, economía y governación, así como en la sede de la CUP</strong>, donde llegaron a disparar al aire, y en las puertas de la imprenta de Barcelona donde se localizaron nueve millones de papeletas.Hasta 40.000 personas, dice la fiscalía,<strong> llegaron a juntarse en La Rambla de Barcelona en una jornada liderada por Omniun y ANC</strong> que repartieron chalecos y formaron cordones de seguridad para impedir el trabajo de la policía judicial. <strong>Sus presidentes Jordi Cuixart y Jordi Sánchez llamaron a la "movilización permanente"</strong> y pidieron que nadie se fuera a casa porque iba a ser "una noche larga e intensa".La "turba", según el relato del fiscal, <strong>destrozó tres coches de la guardia civil e impidió la salida de los agentes de la consellería de economía durante 9 horas.</strong> Además se tacó la sede del PSC y se registraron "agresiones" a militantes socialistas.Estas mismas fuentes aseguran que, en el estado actual de las investigaciones, no contemplan que toda la causa acabe en la <strong>Audiencia Nacional</strong>. El juzgado de instrucción número 13 de Barcelona continúa con las pesquisas por el montaje y la preparación de<strong>l referéndum suspendido por el Tribunal Constitucional y el Tribunal de Justicia de Catalunya</strong> con la parte de la causa que afecta a aforados: miembros del govern y de la mesa del Parlament. Además de la causa abierta por los registros de una nave y un semanario que lleva un juzgado de Tarragona.Lo que ocurre, concluyen,<strong> es que ahora se han producido hechos nuevos que deben ser investigados y que encajan con el delito de sedición</strong>. La Fiscalía de la Audiencia Nacional ya ha presentado la denuncia para que se abra una investigación y se identifique a los responsables de esas concentraciones tumultuarias.La sedición es un delito contra el orden público contemplado en el artículo 544 del Código Penal:<strong> "Son reos de sedición los que, sin estar comprendidos en el delito de rebelión, se alcen pública</strong> y tumultuariamente para impedir, por la fuerza o fuera de las vías legales, la aplicación de las Leyes o a cualquier autoridad, corporación oficial o funcionario público, el legítimo ejercicio de sus funciones o el cumplimiento de sus acuerdos, o de las resoluciones administrativas o judiciales".<strong>El código establece penas de prisión de ocho a diez años</strong>, y de diez a quince años, si los autores fueran personas constituidas en autoridad, además de inhabilitación por el mismo período<strong>. El de malversación y el de sedición son los únicos delitos de los contemplados en esta investigación</strong> que implican penas de cárcel. En el primer caso, hasta ocho años de prisión y en el segundo, hasta 15 años.