Condenan a la nación por torturas hechas a un médico por parte del Ejército

La sección Tercera del Consejo de Estado cuestionó que miembros del Ejército Nacional encargados de la seguridad de los ciudadanos sean los encargados de infundir el pánico en la población civil, valiéndose de amenazas y del uso de las armas para vulnerar derechos fundamentales.

El pronunciamiento lo hizo la corporación judicial al condenar al Ejército Nacional por la muerte de dos hombres que fueron hallados sin vida cerca al puesto de salud de la vereda El Otoño, corregimiento de Villa Carmelo, jurisdicción del municipio de Cali, el 17 de mayo de 2000. Uno de ellos trabajaba como promotor de salud adscrito a la Secretaría de Salud Pública de la capital del Valle.

Según la investigación un día antes de su muerte, cuando regresaban de una misión de servicios, los hombres fueron retenidos por miembros del Ejército y conducidos por la plaza del caserío de Villa Carmelo, con las manos amarradas. Al día siguiente hallaron sus cuerpos con signos de tortura.

El promotor de salud era víctima de amenazas por haber solicitado el desalojo del centro de salud de esa localidad que había sido tomado como “edificio comando” por los militares, hecho que fue denunciado ante la Cruz Roja Internacional y la Defensoría del Pueblo, logrando el retiro de los uniformados. Desde ese momento fue tildado de “doctorcito guerrillero” por el comandante de la unidad.

El magistrado Carlos Alberto Zambrano Barrera, señaló que actitudes como las asumidas por los militares involucrados en estos hechos no representan de ninguna manera la finalidad de la existencia del Ejército Nacional, la cual es defender la soberanía, la independencia, la integridad del territorio nacional y el orden constitucional.

“Estas actitudes, por el contrario, dejan en entredicho la imagen de esa institución y la calidad humana de sus integrantes, por culpa de unos desadaptados que se escudan en el uniforme y en las armas oficiales para dar rienda suelta a su criminal instinto salvaje, sin que la institución haga nada para evitar el ingreso a sus filas de esa clase de individuos que la deshonran y la dejan ante los ojos de la gente como su enemiga y su potencial verdugo arbitrario, opuesto por completo al papel que le corresponde en la sociedad”, indica la sentencia.

El fallo le ordena al Ejército Nacional ofrecer excusas públicas a los familiares de las víctimas por los tratos crueles e inhumanos, la tortura y el posterior homicidio de sus seres queridos. Además se le conmina a reforzar el sistema de selección e incorporación de su personal, así como los de formación (continua y actualizada) y de seguimiento a los mismos (consistente en evaluaciones sicológicas y comportamentales), con el fin evitar que hechos como los relatados se vuelvan a repetir.