Procuraduría evaluará abrir investigación disciplinaria a Cristina Plazas
El órgano de control considera que el Estado debe pedir perdón a la comunidad indígena, por la desatención de sus necesidades.
(Colprensa/Archivo)
Para Ilva Miriam Hoyos, procuradora Delegada para la Infancia, Adolescencia y Familia, hay méritos para iniciar actuaciones disciplinarias al interior del ICBF por la problemática con los niños del país, la funcionaria explicó que ya hay investigaciones en curso y así mismo que evaluarán si estas medidas deben cobijar a Cristina Plazas.
"Teniendo en cuenta lo que hemos escuchado aquí en la audiencia, solicitaré el video para presentarlo ante las autoridades disciplinarias de la Procuraduría, para que evalúen si tienen que adelantar investigaciones disciplinarias, específicamente por este tema".
La representante del Ministerio Público también cuestionó el pedido del Gobierno, para levantar las medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, frente a la atención de la comunidad Wayuu en La Guajira y dijo que pedirá explicaciones a la Cancillería, por la confidencialidad conque se está manejando el caso.
"Nos preocupa hondamente que el Gobierno Nacional, solicite unos días después de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, adoptó el 11 de diciembre del año pasado estas medidas cautelares y que el 30 de diciembre, el Gobierno a través de una nota supuestamente confidencial, le planteé a la Comisión que se han adoptado las medidas y que se acredita, que hoy demostrado que el Gobierno ha respondido".
La funcionaria agregó que hay un subregistro en los datos de la población de La Guajira, que impide conocer y atender sus necesidades y que la problemática del departamento se debe a la ausencia del Estado, ausencia que se ha extendido a la población indígena del país, lo cual el Gobierno tiene que reconocer.
"Creo que el Estado no solamente debe pedir perdón en Colombia, sino adelantar unas medidas que deben llevar, entre otras a saber cuántos son, quienes son los integrantes de la comunidad indígena y preocupa de la microfocalización que en este momento está adelantando el ICBF en el departamento de La Guajira, que según la proyección de la población, que están haciendo con base en sus estudios, sin contar nueve municipios del departamento, el estado dejaría de estar reconociendo alrededor de 200 mil personas que no existen para el Estado". Aseveró Hoyos.
