Fue a través de una carta de seis puntos en la que el magistrado Gabriel Eduardo Mendoza explica que la organización del encuentro de la Corte Constitucional en Barranquilla en el 2012, cuando él era presidente de la alta Corporación, estuvo a cargo de la Alcaldía de esa ciudad y la Gobernación de AtlánticoIncluso asegura que la financiación del encuentro en el que asistió el cuestionado magistrado Jorge Pretelt, el magistrado Luis Ernesto Vargas Silva, y supuestamente el abogado Víctor Pacheco, fue financiado por organizaciones privadas “El apoyo fue concretado por un equipo organizador, conformado por funcionarios de la presidencia y del despacho, mediante el contacto directo (…) durante los meses previos al evento”, dice el magistrado en el comunicadoDe hecho Mendoza explica que se solicitó la contribución logística a varias entidades como el Grupo Empresarial Olímpica y Ecopetrol, debido a los “limitados recursos de la Corte Constitucional” para financiar un evento de tal magnitudPor lo que asegura que “la Corte Constitucional no recibió, ni manejó aportes económicos de manera directa, los costos de cada actividad patrocinada fueron asumidos directamente por la entidad auspiciante”Afirma que ya solicitaron a las entidades privadas que se vincularon al evento “que nos ratifiquen si fueron ellas las que asumieron el patrocinio ofrecido, en aras de hacer claridad ante la opinión pública sobre esa participación”El encuentro académico se llevó a cabo en agosto del 2012 en el coliseo cultural de la universidad del norte de la ciudad de Barranquilla en el que se debatió el modelo de estado acogido por la constitución del 91 desde la perspectiva de las regiones.