Por primera vez piden reparación a las Farc por daño ambiental

El Consejo de Estado le pidió a la Unidad de Delitos Ecológicos o Ambientales de la Fiscalía General que evalúe si es procedente investigar a las Farc por la presunta comisión de violaciones a los bienes ambientales afectados por la explosión y vertido de hidrocarburos del oleoducto transandino ocurrido el 15 de abril de 1996 en jurisdicción del municipio de Puerres, Nariño. Al respecto la corporación pide además que se analice la responsabilidad que tendría el Estado al igual que la guerrilla "en el más brutal ataque que ha perpetrado las Farc en contra del Ejército y en el cual murieron 33 uniformados, 17 resultaron heridos y otros fueron secuestrados, cuando un convoy del Ejército fue emboscado por un grupo aproximado de 500 guerrilleros en la vía entre Puerres y Monopamba en el departamento de Nariño"

En este proceso, el alto tribunal declaró patrimonialmente responsable al Ejército por omitir su deber de protección de los soldados y lo condenó a pagar más de 600 millones de pesos por los perjuicios morales ocasionados a las familias de las víctimas

 De acuerdo con el fallo el Ejército no hizo labor de inteligencia establecida para los desplazamientos de las fuerzas, pese a que existían rumores entre los mismos pobladores sobre un posible ataque, por el contrario, se incurrió en la denominada concentración de fuerzas (dejar grandes grupos de uniformados en una misma zona o por una misma vía)

 Además a los militares se les reprocha por no haber realizado los entrenamientos previos, tal y como está fijado en el manual de operaciones de la Unidad Táctica, para verificar los riesgos a los que se podía exponer el convoy con artefactos explosivos en la vía, por el contrario, recogieron a otros soldados

  “El Estado es responsable del resultado perjudicial ya que no se correspondió con los principios de humanidad, esto es, con aquellos que exigen que el ejercicio de toda actividad, como por ejemplo las misiones de seguridad asignadas a los miembros de las fuerzas armadas, debe estar orientada hacia la preservación de los derechos, y no al sacrificio absoluto de estos por una causa que legal y democrática no está llamado ningún individuo a soportar porque implicaría la supresión de la esencia propia del ser humano como destinatario de la protección”, afirma la sentencia

 Sobre las Farc, la corporación advirtió que violaron los convenios 2 y 3 de Ginebra referentes al principio de humanidad en el conflicto, pues según la necropsia practicada, algunos cadáveres tenían tiro de gracia con el cual fueron rematados luego de ser heridos. “La muerte de personas en el marco de un conflicto armado interno no puede tener como unívoca lectura la constatación del fallecimiento material, sino que exige asociarlo al respeto de la dignidad humana”, afirma dicha norma convencional

 "Por tanto, la situación de conflicto armado interno en la que se encuentra el país desde hace décadas, exige del Estado, con mayor rigor, “cumplir con su deber de protección de los derechos de todos los ciudadanos, en especial de aquellos que participan en el mismo”.