No se han suspendido pruebas para acceder a cargos judiciales

Ante las versiones que indicaban que una tutela suspendía la realización de los exámenes para acceder a cargos en la Rama Judicial, que está programada para realizarse este 7 de diciembre, la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura emitió un comunicado en el que dice que no se conoce este pronunciamiento y por tanto "no es dable suspender la aplicación de la prueba"

 Este es el comunicado: La Directora de la Unidad de, en relación con la noticia sobre el presunto fraude en las pruebas para ingresar a los cargos de funcionarios de la Rama Judicial, se permite informar: 1. Que la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, en su calidad de órgano técnico de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, contrató a la Universidad de Pamplona para que construyera y aplicara las pruebas de conocimientos y psicotécnicas previstas dentro de la convocatoria que se adelanta, para proveer los cargos de jueces y magistrados que se deben nombrar por el sistema de carrera judicial

 2. Que dentro del referido contrato se acordó una cláusula de confidencialidad, que obliga a la Universidad de Pamplona a guardar la reserva del examen, bajo unos determinados protocolos de seguridad que cubren tanto la elaboración de las pruebas, como su entrega a la empresa de seguridad, en este caso Thomas Greg & Sons, que es la encargada de imprimirla, de aplicarla, de empacarla, transportarla y almacenarla antes y después de la aplicación, de leerla y de custodiarla hasta que, luego de aplicada, se produzca la entrega de los resultados a la Unidad de Administración de la Carrera Judicial de la Sala Administrativa,  todo lo cual se halla garantizado por una póliza

 3. Que en el mes de abril de 2014, días previos a la aplicación prevista para el 4 de mayo pasado, se escuchó el mismo rumor, razón por la cual esta Dirección, por instrucción de la Sala Administrativa, le solicitó explicaciones a la Universidad de Pamplona, la que afirmó que se ciñe rigurosamente a las cláusulas del contrato

 4. Que con ocasión de estos hechos, el 28 de abril de 2014, la Universidad de Pamplona presentó denuncio ante la Fiscalía General de la Nación

 5. Que a la fecha no se conocen las pruebas que respalden tales acusaciones

 Por lo tanto, en las anteriores condiciones, sin que existan bases ciertas que permitan concluir sobre la veracidad de las acusaciones, ni pronunciamiento de las autoridades competentes, no es dable suspender la aplicación de la prueba, que además causaría otro daño económico como el derivado de la suspensión ordenada el 29 de abril pasado, cuyo costo superó los $530'000.000.