Las cuentas de Francisco “kiko” Gómez con la justicia

Computadores, discos duros, memorias USB y una montaña de documentos, son hoy en día el objeto de atención del grupo especial creado para investigar al gobernador de La Guajira, Francisco “Kiko” Gómez

Estas pruebas, recolectadas en las residencia de Barrancas y Riohacha y en la propia Fiscalía, son sometidas a la experticia de peritos del CTI que intentan establecer una línea de tiempo sobre el accionar delictivo de Gómez Cerchar, cobijado con medida de aseguramiento por los delitos de concierto para delinquir y el homicidio de un concejal y dos campesinos

La investigación contra el gobernador de La Guajira comenzó en enero de este año, cuando el fiscal general ordenó la conformación de un equipo especial integrado por dos fiscales delegados ante la Corte, 2 fiscales de la unidad contra bandas criminales y un equipo élite de investigadores del CTI

Entre las primeras decisiones que se tomó fue el traslado a Bogotá de todos los procesos donde figurara el nombre de Juan Francisco Gómez Cerchar, sin importar si el caso estaba en trámite o había sido archivado

Simultáneamente se ordenó el envío de una comisión a EEUU para recoger los testimonios de los extraditados paramilitares Salvatore Mancuso y Arnulfo Sánchez, alias “Pablo”, excomandante del frente Resistencia Tayrona de las AUC, que operaba en la alta Guajira

De acuerdo con el material probatorio, los vínculos de “Kiko” Gómez con los paramilitares comenzaron en 1997 cuando intervino junto con el entonces senador Santander Lópezsierra, conocido como el hombre Marlboro, para que Mancuso y Rodrigo Tovar, alias Jorge 40, fueran dejados en libertad luego de que uno de sus escoltas asesinaran a dos personas que participaban en una protesta

Así lo confirmaron Salvatore Mancuso y alias Pablo a la misión de la Fiscalía que viajó a EEUU, donde quedó claro que en medio de la guerra entre “Jorge 40” y “Hernán Giraldo”, Gómez Cerchar tomó partido por el primero

Declaraciones de desmovilizados confirman que su finca “El mosquero” en Barrancas, Guajira, fue utilizada como base por los paramilitares de “Jorge 40”, y después por el cabecilla de la banda de Los Urabeños en La Guajira, Marcos Figueroa, alias Marquitos, para coordinar sus delitos

Uno de esos casos, fue el crimen de los campesinos Luis Alejandro Rodríguez Frías y Rosa Mercedes Cabrera Alfaro, ocurrido el 7 de febrero de 2000. Aunque en el expediente quedó demostrado que fueron asesinados por gente de alias “marquitos”, a quienes “Kiko” Gómez entregó armas, vehículos y equipos de comunicaciones, la fiscalía Segunda Especializada en La Guajira ordenó el archivo del expediente

Lo mismo ocurrió con el caso del concejal Luis López Peralta, ocurrido en febrero de 1997, cuando pretendía adelantar un debate de control político al alcalde de Barrancas por el manejo de la contratación en el municipio y el incendio de la alcaldía

Es por eso que a la unidad especial que lleva la investigación contra Francisco “kiko” Gómez no le sorprendió ver en las imágenes del operativo de captura, al que se opusieron simpatizantes del gobernador, figuras como fiscales y oficiales encargados de sacar adelante las investigaciones

Juan Francisco Gómez Cerchar a su salida de la Alcaldía de Barrancas, que ocupó entre 1995 y 1997 y 2001 y 2003, dejó en el claro que su meta era llegar a la Gobernación y consolidar su poder político con el control de la contratación de un departamento que recibe regalías por la explotación de gas y carbón

La Fiscalía pidió a la Procuraduría copia de las investigaciones contra el gobernador por irregularidades en contratación, adjudicaciones a dedo, redireccionamiento de los contratos y manipulación de las licitaciones

Además del proceso por concierto para delinquir y homicidio, por el que se ordenó el traslado del gobernador a un celda de la penitenciaría La Picota, Gómez Cerchar enfrenta otras dos indagaciones preliminares

La primera por los homicidios de la exalcaldesa de Barrancas Yandra Brito y su esposo Henry Ustariz Guerra y de Dinora Hernández Sierra, conocida como La Cachi Hernández, ocurrido en noviembre de 2012. En estos casos, la fiscalía ya cuenta con evidencias que comprometen a Gómez

El otro proceso tiene que ver con las amenazas a los periodistas e investigadores León Valencia, Ariel Ávila, Gonzalo Guillén y Claudia López, quienes salieron del país luego de que las autoridades descubrieran la existencia de un plan para asesinarlos por denunciar lo que ocurría alrededor de “Kiko” Gómez en la gobernación de La Guajira y sus vínculos con “marquitos” Figueroa.