Procuraduría pidió a Minambiente asumir crisis ambiental en Bucaramanga
La Procuraduría también pide la intervención por la contaminación de la bahía de Cartagena y por la explotación de oro en Tolima.
A través de una carta enviada, la Procuraduría General le solicitó al Ministerio de Ambiente y que asuma una serie de procesos ambientales en tres casos puntuales y trascendentales que actualmente afronta el país
El primero por la situación de residuos sólidos en área metropolitana de Bucaramanga, el segundo por la contaminación de la bahía de Cartagena (Bolívar), y el tercero por el proyecto de explotación de oro a cielo abierto en el Tolima, conocido como “La Colosa”. En estos casos el control se encuentra en cabeza de las autoridades ambientales regionales
Respecto al primer caso, se trata de la situación de disposición final de dichos residuos en el área metropolitana, zona que continúa en situación de emergencia sanitaria luego de 18 meses de haber sido decretado ese estado excepcional y que ahora tiene una extensión adicional de 24 meses por parte de los alcaldes municipales de dicha región del país. De acuerdo con el ente de control, los municipios involucrados no han encontrado la solución adecuada para superar en forma definitiva dicha problemática, situación que, según el proceso, se agrava por el aparente conflicto de competencias que hoy sostienen la autoridad ambiental regional y la autoridad ambiental urbana; y que no permite dar claridad sobre quiénes deben desarrollar las labores de control, seguimiento y vigilancia sobre el mencionado sitio de disposición final
Sobre el caso de Cartagena, “la Procuraduría, buscando salvaguardar y preservar el medio ambiente y conociendo la problemática de derrame de una sustancia altamente contaminante en la bahía, solicita al Ministerio la intervención e iniciar proceso sancionatorio o continuar el ya iniciado por la autoridad ambiental Cardique”
Finalmente, frente al proyecto minero “La Colosa”, aunque se encuentra en fase de exploración y por tanto no se adelantan trámites administrativos formales para imponer el control en la fase de explotación, es evidente el conflicto que hoy gira en torno a las actividades que desarrollan y las que pueden generarse más adelante.
