Crisis Group afirma que situación en Venezuela podría tener impacto negativo en Colombia

La Organización No Gubernamental Crisis Group difundió un informe sobre la situación postelectoral en Venezuela en el que insta a los sectores moderados del chavismo y la oposición a allanar el camino para un diálogo nacional con respaldo de la comunidad internacional

El informe, titulado "Venezuela: una casa dividida", hace hincapié en la necesidad de evitar que estalle la violencia y se instale la inestabilidad en el país, algo que a juicio de esta organización no gubernamental tendría graves repercusiones en la región, especialmente en Colombia. Según dijo Javier Ciurlizza, director del programa para América Latina y el Caribe de Crisis Group, con sede en Bogotá, el objetivo de este informe es "sacudir los hombros y las conciencias" también de los vecinos de Venezuela, porque se trata de un "problema de seguridad regional", no solo venezolano. Ciurlizza indicó que es necesario que los vecinos de Venezuela, como Brasil, y organismos como la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) no miren para otro lado y faciliten el diálogo entre los venezolanos, porque el país "está pésimamente preparado" para una transición después de catorce años de régimen personalista. Crisis Group, fundada en 1995 con el fin de prevenir y resolver conflictos y con sede central en Bruselas, destaca que tras la muerte de Hugo Chávez el pasado 5 de marzo y las elecciones del 14 de abril, Venezuela ha pasado a ser un país claramente dividido "en dos partes casi iguales y aparentemente irreconciliables". Además, hay riesgo de que estalle la violencia y el país está "al borde de una recesión" económica, dice Crisis Group. El país necesita con urgencia reconstruir el tejido social y político, pero los "esfuerzos inmediatos deben dirigirse a evitar que la polarización extrema desemboque en violencia política". Para esta organización, para evitar "lo peor", no solo el Gobierno y la oposición, sino la sociedad civil, la Iglesia católica, las Fuerzas Armadas y la comunidad internacional deben poner de su parte