El Gobierno español restringe el acceso a la salud a los inmigrantes ilegales

En plena crisis económica, la principal víctima de las medidas que pretenden combatir el abuso que algunos ciudadanos extranjeros hacen de la sanidad pública española pueden ser los inmigrantes más desprotegidos. La ministra de Sanidad, Ana Mato, anuncia que no bastará con estar empadronado para obtener la tarjeta sanitaria, sino que se exigirá la residencia fiscal. Ello implica que las personas que se encuentren en situación irregular solo podrán acceder a las urgencias, la maternidad y los cuidados de los niños, que es la asistencia básica asegurada a cualquier persona

Mato ha dado, tras el Consejo de Ministros, más detalles sobre las medidas con las que su departamento pretende recortar 7.000 millones de euros en gasto sanitario en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros en el que se aprobó el real decreto ley en el que se plasman los recortes

La ministra anuncia que el Gobierno emprenderá una reforma de la Ley de Extranjería para poner en marcha estas medidas restrictivas. “El padrón no les bastará”, ha manifestado Mato. La ministra comentó que se tendrá en cuenta a las personas que "de verdad" viven y tienen residencia fiscal en España, quienes “trabajan como nosotros y pagan sus impuestos”. Mato lo dijo tras denunciar el abuso de quienes traen a sus familiares a España exclusivamente para recibir tratamientos médicos

Teniendo en cuenta que la población de extranjeros en España es de 5.711.040 personas, según los datos del Instituto Nacional de Estadística, y que el número de extranjeros en situación legal asciende a 5.251.094, la cifra de los sin papeles rondaría el medio millón de personas, a falta de depurar posibles duplicidades en el padrón que admiten los expertos

En un primer momento, la responsable de la cartera de Sanidad no ofreció apenas detalles de cómo se pondrá en marcha esta medida, más allá de indicar que se exigirá a los extranjeros “una serie de requisitos” para acceder a los servicios sanitarios. En aclaraciones posteriores, fuentes de su departamento concretaron algo más la propuesta. Para evitar “abusos”, solo se reconocerá el derecho a acceder a la asistencia normalizada a aquellos extranjeros con “residencia legal”, lo que implica tener permiso de residencia en vigor. Se pretende que solo estas personas y sus familiares directos tengan cobertura sanitaria completa

El anuncio supone un giro de concepto radical desde que en 2000, en plena avalancha migratoria y bajo un Gobierno también del PP —entonces presidido por José María Aznar— la Ley de Extranjería abrió las puertas a los inmigrantes en situación irregular a la tarjeta sanitaria con el único requisito de que estuvieran empadronados. La ley establece que los extranjeros que se encuentren en España inscritos en el padrón del municipio en el que residan “tienen derecho a la asistencia sanitaria en las mismas condiciones de los españoles”

Hasta 2000 únicamente se reconocía el derecho a la atención sanitaria gratuita y sin trabas administrativas a los extranjeros en la atención de urgencias, ya fuera por accidente o por padecer una enfermedad grave hasta que el paciente recibiera el alta. Junto a este aspecto, considerado como un auxilio humanitario, también se atendía la asistencia al embarazo, parto y postparto, y los cuidados a los menores

Al revisar el acceso a la sanidad de los sin papeles, Mato aspira ahorrar unos 500 millones de euros. La ministra anunció que su departamento también tomará otras iniciativas para combatir el llamado turismo sanitario. A este respecto anunció la intención de revisar distintos convenios internacionales que, según afirmó, no se han mostrado eficaces. También, explicó, se exigirá reciprocidad a los países, de manera que en España solo se ofrecerán las prestaciones sanitarias que los españoles puedan recibir dentro de sus fronteras. Con eso y un mayor control de la atención que reciben los residentes extranjeros, se espera ahorrar otros 971 millones, ha dicho la ministra.