Fiscalía no tendrá en cuenta fuero del general Montoya en casos de presunta violación de DDHH

Un total de cinco de las 17 investigaciones que tiene el general Mario Montoya pasarán de la Unidad Delegada ante la Corte Suprema a la Unidad Nacional de Derechos Humanos y DIH, debido a que los hechos por los que es investigado no correspondían a actos propios del servicio cuando se desempeñaba como comandante del Ejército

En ese sentido, Montoya, quien se desempeñó hasta el pasado 23 de agosto como embajador de Colombia en República Dominicana, deberá responder por su presunta participación en la masacre de Mulatos Alto, en San José de Apartadó (Antioquia) y La Resbalosa, en Tierralta (Córdoba), donde murieron Luis Eduardo Guerra Guerra, su compañera Beyanira Areiza, y su hijo Deyner Andrés Guerra Tuberquia; así como Alejandro Pérez, Alfonso Bolívar Tuberquia Graciano, su esposa Sandra Milena Muñoz Pozo, y sus hijos Natalia y Santiago

Otros caso que pasará a manos de un fiscal de Derechos Humanos y DIH será el de la 'Operación Orión', en la que el Ejército se tomó la Comuna 13 de Medellín con el presunto apoyo de hombres bajo el mando de Diego Fernando Murillo Bejarano, alias 'Don Berna'. En ese sentido, Luis Adrián Palacio, alias 'Diomedes', señaló que le entregó un vehículo y armas al jefe del Bloque Metro de las Autodefensas, Carlos Mauricio García Fernández, alias "Doble Cero"; por esta nueva declaración se abrió otro proceso contra el oficial en retiro

Un cuarto caso en el que es investigado el general Montoya por sus presuntos vínculos con los paramilitares tiene que ver con alias 'Martín Llanos'. Recientemente Daniel Rendón Herrera, alias 'Don Mario’, dijo en versión libre que el oficial presuntamente recibió 1.500 millones para apoyar el Bloque Centauros en la guerra contra los Buitrago, e igualmente le fue entregado un apartamento blindado en Bogotá. Un último caso tiene que ver con un 'falso positivo' en Ocaña, donde fue asesinado Luis Antonio Sánchez y posteriormente reportado como guerrillero muerto en combate, en abril de 2007. En ese sentido el entonces comandante de la Brigada Móvil No. 15 del Ejército, coronel Santiago Herrera Fajardo, investigado por este crimen, dijo que había una presión muy grande para obtener resultados, haciendo referencia a sus superiores.