Así operaba la mafia que se 'tumbó' parte de los recursos de la salud en Colombia

Fuentes de la Fiscalía explicaron en detalle como operaba la red que hizo su 'agosto' con el sistema de recobros desde 2006, cuando se crearon las llamadas 'mesas de trabajo' durante el ministerio de Diego Palacio Betancourt. Todo se origina en las IPS, las instituciones prestadoras del servicio de salud, que son contratadas por las EPS, entidades promotoras de salud. Una vez los pacientes acuden allí para solicitar un tratamiento o un medicamento, si este no esta incluido en el Plan Obligatorio de Salud, como por ejemplo el Interferon para el cáncer, que puede costar más de siete millones de pesos al mes, se remite la solicitud a la EPS que debe convocar a un Comité Técnico Científico, algo que no siempre se cumple, y se decide si se asume el costo del tratamiento o el medicamento. "El sistema está planeado para que exista un monto que las EPS asumen, que equivale a un salario mínimo mensual al año, es decir, una persona en Colombia, con su familia, no se puede enfermar más de 500 mil pesos", señaló uno de los funcionarios consultados por Caracol Radio. Cuando la respuesta del comité es negativa o simplemente el comité no se convoca, lo que generalmente ocurre es que el usuario recurre a una acción de tutela que cuando falla a favor del paciente, le ordena a la EPS que se pague el 100 por ciento del tratamiento o medicamento, si no se hizo comité, o el 85 por ciento, si se hizo y negó el medicamento sin justificaciones. Una vez las EPS pagan a las IPS, comienzan los ahora tristemente célebre recobros, que no son más que la modalidad para que las EPS cobren esos dineros al Ministerio de Protección Social, y que son desembolsados por el Fosyga, que administra los recursos para el subsidio y la promoción de la salud

El Fosyga hace, entonces, un análisis jurídico (sobre el alcance de la tutela); financiero (cuánto hay que pagar) y médico, que puede derivar en tres conclusiones: que no pague a la EPS porque finalmente, por ejemplo, se determina que el medicamento si era del POS; que se pague parcialmente el 50 por ciento, porque por ejemplo, no se hizo comité técnico-científico y el ciudadano tuvo que recurrir a la acción de tutela; y por último, el pago total

Frente a la decisión del Fosyga, que son glosas o impedimentos de pago, se establecen las llamadas 'mesas de trabajo' en el Ministerio de Protección Social, lideradas por Claudia Patricia Rojas y que fueron creadas mediante resolución en el año 2006, para revisar la determinación. "Sin embargo esas mesas de trabajo fueron creadas de manera provisional para revisar 21 mil recobros específicos, sin embargo se mantuvieron en el tiempo, porque en Colombia no hay nada más permanente que lo provisional", concluye la fuente, quien asegura que Rojas era conocida en el ministerio como 'La doctora NO', pues casi siempre el levantamiento de las glosas. A partir de ese momento comienza extenderse la red de corrupción. Una vez la 'mesa de trabajo' emitía su concepto negativo, se le informaba a la firma QAV Consultores, empresa fachada que prestaba asesorías jurídicas en salud y era propiedad de Edgar Isaías Medina, hoy en la cárcel, que asesorará a la EPS a la que se le había rechazado el recobro. Medina Millán o sus asesores se presentaban ante los representantes de las EPS, no cobraban la consultoría y sólo pedían una comisión del 4 o 6 por ciento por lograr que el Ministerio de Protección Social reversara su decisión y ordenara el recobro. "En un tratamiento de 500 millones de pesos, por ejemplo, finalmente se le paga a la EPS 250 millones de pesos (el 50 por ciento que se había referenciado anteriormente). Si QAV cobraba el 6 por ciento, se quedaba con 13 millones. Parece poco, pero a la semana podía haber pagos de 1.000, 2.000, 3.000 millones", explica uno de los investigadores. Ese porcentaje se repartía entre los otros miembros de la organización, los capturados y hoy asegurados Jhon Carlos Lemus, Luis Andrés Ruiz -quien manejo las bases de datos de Fosyga- y Héctor Mauricio Durán. "Justamente él (Durán) fue el que llamó a Santiago Carrascal (un ex contratista) y le dijo que destruya todo", manifestó una de las fuentes que reveló a Caracol Radio que durante los operativos del pasado lunes, mientras hacian los allanamientos y las capturas, seguían haciendo interceptaciones telefónicas. Algunos nombres que hacen parte de esta cadena que desangró el sistema de salud colombiano son los de Luis Fernanda Bellini, ex coordinadora de Financiamiento del Ministerio; y la ex contratista María de los Ángeles Pascualli. Ellas se entregarán hoy a la Fiscalía, prometiendo, previamente, que entregarán información 'clave' que devele toda la verdad del llamado 'Cartel de la Salud'.