Cartel de abogados, la otra corrupción en la DNE

A medida que avanza la intervención de las autoridades a la Dirección Nacional de Estupefacientes, se conocen nuevas y graves irregularidades cometidas dentro de la entidad. A las denuncias por irregularidades en el manejo de bienes por parte de familiares y amigos de políticos, se suma la existencia de un “cartel de abogados” que se dedica a enredar y manipular procesos de extinción de dominio para obtener beneficios económicos exorbitantes. Caracol Radio tuvo acceso a una acción popular interpuesta hace pocos días por el director nacional de Estupefacientes, Juan Carlos Restrepo, para evitar un detrimento patrimonial al Estado por cerca de 15 mil millones de pesos, que tiene que ver con la venta de un lote del abatido capo del narcotráfico, José Gonzalo Rodríguez Gacha, alias “El Mexicano”

Se trata de un proceso bastante enredado que ya cumple más de 12 años en los tribunales y que está paralizado por cuenta de actuaciones extrañas dentro del caso, entre las que se cuentan posibles irregularidades en el avalúo de predio y en la firma de la promesa de compraventa del lote entre la anterior administración de la DNE y la firma Recibanc, ganadora de la subasta

Haciendo un resumen de los hechos, la pelea legal por el predio de casi 33 mil metros cuadrados y ubicado en la calle 175 con autopista norte de Bogotá, comenzó en 1998, cuando se hizo la incautación por parte de la Dirección de Estupefacientes. En ese momento se le entregó el predio como depositario a José Emilio Garzón, quien había trabajado en una sociedad perteneciente a alias “El Mexicano”

En octubre de 2003 queda en firme la extinción de dominio de la propiedad y por lo tanto, pasaba a manos del Estado. Sin embargo, la situación se comenzó a complicar cuando el señor Garzón interpuso una demanda de pertenencia ante el juzgado 35 civil del circuito de Bogotá. Esa demanda todavía no ha sido fallada

Cuando se recuperó la tenencia del lote por parte de la Dirección Nacional de Estupefacientes, en agosto de 2008, se pidió un avalúo del lote a la Lonja de Bogotá, que estima el precio del inmueble en 20 mil 988 millones de pesos

Posteriormente, el proceso de venta del lote queda en manos de la inmobiliaria Gavel, que estableció como precio base para la subasta, una suma de 15 mil 741 millones de pesos. Inicialmente se convocó la audiencia pública para el 9 de marzo de 2009, pero fue suspendida por solicitud de las dos únicas firmas interesadas: Recibanc e Intercredit

El proceso de subasta se reanudó ocho meses después, en noviembre de 2009, sin contar con un avalúo actualizado del lote, pero a pesar de ello, la DNE hizo la convocatoria para la audiencia

Ese día, las dos firmas interesadas, es decir, Recibanc y Intercredit estuvieron de acuerdo con el proceso. Es importante señalar que en ese momento estaba vigente el avalúo hecho por la Lonja de Bogotá, estimado en 20 mil 988 millones de pesos

Finalmente, el 24 de noviembre de 2009 se adelanta la adjudicación del predio tras la apertura de sobres y se entrega a Recibanc Limitada, que ofreció un valor de 15 mil 760 millones de pesos, es decir, cinco mil millones menos del avalúo de la Lonja

Un dato importante sobre la firma que ganó por subasta el predio, es que cuenta con un capital social de diez millones de pesos. Llama la atención que teniendo esa cifra, además cuente con un músculo financiero para pagar más de 15 mil millones de pesos por un lote

Siguiendo con la historia, en diciembre de 2009, el entonces director de Estupefacientes, Omar Figueroa, dio vía libre para que se firme una promesa de compraventa con la firma ganadora, sin tener en cuenta un avalúo actualizado del predio

En medio de todo el escándalo, surgió un nuevo elemento, cuando José Emilio Garzón, quien demandó al Estado en 2003 reclamando el predio, denunció ante la justicia en mayo de 2010 que había sido objeto de amenazas, intimidaciones y constreñimiento por medio de llamadas en las que le dicen que tiene que ceder el predio a las personas que ellos determinen. Además dijo que las personas que lo llamaron dijeron tener influencia sobre las personas que tienen en sus manos el caso

En el 2010, la dirección de Catastro Distrital hace un nuevo avalúo del lote de Rodríguez Gacha en 29 mil 114 millones de pesos, es decir, 13 mil 350 millones por encima del precio al que fue vendido a la firma Recibanc Ltda

Ante el nuevo avalúo y frente a la posibilidad de un gravísimo detrimento patrimonial, se hace la solicitud por parte de la Dirección Nacional de Estupefacientes a Catastro para que expliquen los aspectos técnicos que les permitieron duplicar el costo del avalúo del predio

Según la DNE, la respuesta de Catastro no es clara y por lo tanto se solicita una nueva explicación. Mientras se adelanta ese proceso, el 25 de noviembre de 2010, la firma Recibanc Ltda consigna al Estado la suma de 12 mil 600 millones de pesos, que era lo que adeudaban para poder tomar posesión del lote en disputa

Casualmente esa consignación se produce justo cuando la DNE le solicita a Catastro Distrital, información sobre los aspectos técnicos que los llevaron a avaluar el lote en 29 mil 114 millones de pesos, lo que frena la entrega de la escritura a la firma ganadora

Lo que decide el director de Estupefacientes, Juan Carlos Restrepo, en noviembre de 2010, es devolver el dinero a Recibanc Ltda y convocarlos a una reunión para discutir la situación. Posteriormente la firma envía una comunicación a la DNE diciendo que no recibirá el cheque con los 12 mil 600 millones, porque es su “obligación ineludible”

Para acabar de enredar este proceso y de sembrar con dudas la adjudicación del lote, el 23 de diciembre de 2010, Catastro Distrital, que a principios del año pasado había avaluado el predio en 29 mil 114 millones de pesos, de manera sorpresiva hace un nuevo estimativo del costo que ahora reduce a 15 mil 709 millones de pesos, cifra coincidente con la que se comprometió a pagar Recibanc Ltda

Ante tan grave situación, el director de Estupefacientes radicó el pasado 31 de enero, una acción popular ante un juzgado administrativo de Bogotá, solicitando de manera urgente medidas cautelares para que se suspenda la ejecución del contrato de compraventa suscrito con la firma Recibanc, pues constituiría un gravísimo detrimento patrimonial

De manera simultánea, el doctor Juan Carlos Restrepo envió una carta al Contralor delegado para el sector Defensa, Justicia y Seguridad, Javier Lastra y al procurador Alejandro Ordoñez, para solicitar el acompañamiento urgente de la acción popular relacionada con el predio de José Gonzalo Rodríguez Gacha

Finalmente, hay que señalar que la Procuraduría adelanta investigación por las presuntas irregularidades cometidas por funcionarios públicos en la adjudicación del lote y en diciembre de 2010, solicitó una serie de documentos para tener en cuenta como elementos probatorios dentro de las pesquisas.