La fiscalía alemana reclama a Ferrostaal 200 millones de euros por sobornos
El escándalo por el pago de sobornos por parte de Ferrostaal a funcionarios de varios países, entre ellos Colombia, se remite a negocios de submarinos, patrulleras y guardacostas.
La Fiscalía de Munich reclama al astillero alemán Ferrostaal 200 millones de euros por el pago de sobornos en negocios de submarinos, patrulleras y guardacostas a funcionarios de varios países, entre ellos Grecia, Colombia, Portugal y Argentina
Según publica hoy el diario "Süddeustche Zeitung", éste es el monto que quiere imponer a Ferrostaal la fiscalía muniquesa, que en el pasado aplicó ya sanciones multimillonarias por casos similares a otros grandes consorcios alemanes, como Siemens y Daimler
El escándalo por el pago de sobornos por parte de Ferrostaal se remite a negocios cerrados entre 2004 y 2006, salió a la luz hace unos meses y costó el cargo, el pasado junio, al hasta entonces presidente del consorcio, Matthias Mitscherlich
La fiscalía imputa al astillero haber sobornado a funcionarios de países de todo el mundo para asegurarse negocios multimillonarios, tanto en África como en Latinoamérica y Grecia, en este caso relacionado con la adjudicación de un submarino
Las investigaciones de la fiscalía se dirigen tanto contra Mischerlich como contra otros ex directivos y contra el propio consorcio
De acuerdo con el citado medio, la dirección actual de Ferrostaal ha participado "constructivamente" en las investigaciones
Inicialmente, la fiscalía había exigido el pago de 240 millones de euros, según el rotativo muniqués, pero ahora habría rebajado la cifra a 200 millones
Las investigaciones por parte de la fiscalía bávara derivaron hace unos meses atrás en diligencias paralelas por parte de la justicia argentina, que el pasado junio levantó acusación formal por cohecho contra ocho personas, entre ellos tres marinos argentinos y dos ex directivos de Ferrostaal
Las investigaciones en Buenos Aires fueron abiertas a instancias de la Oficina Anticorrupción argentina y se centraron en el presunto pago de sobornos relacionado con un contrato por unos 3,5 millones de euros relacionado con la construcción de patrullas guardacostas
