Proponen a Baltasar Garzón como juez de enlace entre España y Colombia

El juez Baltasar Garzón tiene sobre la mesa una propuesta del Gobierno para dejar su puesto como instructor en la Audiencia Nacional y convertirse en el nuevo magistrado de enlace con Colombia. La «oferta» a Garzón se produce después de que haya quedado vacante la plaza de magistrado de enlace con Colombia, que hasta ahora ocupaba Pedro Pérez Enciso, fiscal antidroga y actualmente magistrado asistente en Eurojust, el organismo europeo encargado de impulsar la cooperación jurídica entre los países de la UE. Su principal cometido como juez de enlace sería agilizar la colaboración entre nuestro país y Colombia en procedimientos judiciales relacionados con el narcotráfico, el terrorismo y las bandas organizadas, materias en las que el magistrado tiene más de veinte años de dilatada experiencia a sus espaldas. Además, debería impulsar los trámites de extradición de detenidos reclamados por la Justicia española y promover las relaciones entre los profesionales de la Judicatura de ambos países. Garzón –que tendría un despacho en Bogotá y otro en el Ministerio de Justicia– goza de un incuestionable prestigio en Suramérica a raíz de sus investigaciones contra responsables de las dictaduras chilena y argentina. El magistrado llegó incluso a pedir, en 1988, la detención de Augusto Pinochet, aunque su extradición a España nunca se produjo. También investigó los «vuelos de la muerte» durante la dictadura militar argentina, una instrucción que se saldaría con la condena a 1.084 años de cárcel al ex militar Adolfo Scilingo por un delito de lesa humanidad. Sin olvidar que intentó interrogar al ex secretario de Estado Henry Kissinger en relación al papel desarrollado por EE UU en Centroamérica

Garzón estaría evaluando esta posibilidad y se habría mostrado interesado que su ámbito se pudiese extender a la práctica totalidad de Suramérica, lo que en este momento es inviable. Y es que el nombramiento de un magistrado de enlace con otro país corresponde al Gobierno tras la propuesta del Ministerio de Justicia y el «visto bueno» de Asuntos Exteriores, ya que los designados tienen un estatuto diplomático. De hecho, se asignan a la embajada correspondiente