Primeras decisiones judiciales por los casos de los falsos positivos en Santander.
Ocho militares quedaron a órdenes de la justicia por su presunta participación en el asesinato de varios jóvenes de Soacha.
Medida de Aseguramiento consistente en Detención Preventiva en establecimiento carcelario dictó el Juez Primero Promiscuo Municipal de Cimitarra, Jorge Enrique Forero, contra el excomandante del batallón Rafael Reyes de Cimitarra, coronel retirado del ejercito, Wilson Javier Castro Pinto, un teniente y cinco soldados, por los casos de falsos positivos
Estas personas están indiciadas por los delitos de homicidio agravado, desaparición forzada, peculado por apropiación, en concurso de conductas punibles por la muerte de las jóvenes, Eduardo Garzón Báez y Daniel Andrés Pesca Olaya, en hechos ocurridos el 5 de marzo de 2008, en la vereda el Brasil del municipio de Cimitarra. La medida también se dictó contra el teniente retirado del ejército, Eduard Antonio Villani, quien dirigió el operativo que causó la muerte a estos dos jóvenes de Soacha, Cundinamarca
La medida cobija a los soldados Juan Carlos Álvarez, Nelson Ospina Tavares, Augusto Olivares Tabares y Venancio Puentes Guapacha, así como el Sargento Segundo retirado, Jesús Eduardo Ñanpira Benavides, quien no se presentó a la audiencia
Los soldados activos fueron puestos a órdenes del Batallón Rafael Reyes, guarnición militar a la que pertenecen aún
Y Aunque ninguno de los investigados aceptó los cargos que le imputó la Fiscalía, el propio Fiscal 66 de Derechos Humanos, Diego Rosas, quien viajó desde Bogotá para participar de la audiencia, logró probar con documentos y un testigo de la misma vereda, que el presunto pago de recompensa por la información supuestamente dada a los militares, y por la cual se originó la orden táctica militar, que arrojó los dos muertos, nunca fue pagada realmente al mencionado informante
La fiscalía, presentó a Wilson Pedraza como testigo, quien manifestó que nunca recibió el millón y medio de pesos de recompensa que aparece en libros firmados por los oficiales investigados. La audiencia, contó con la participación de delegados de los Derechos Humanos, la OEA, los abogados de las victimas, Sandra Gamboa y Luis Viveros y los propios familiares llegados desde el municipio de Soacha, Cundinamarca, quienes tuvieron que compartir la sala de audiencias con allegados de los ex militares involucrados
