Procurador le dijo si a la emergencia social para conjurar la crisis de las pirámides

En su primer concepto ante la Corte Constitucional como nuevo Procurador general, Alejandro Ordóñez, dijo que son exequibles las medidas de emergencia social, adoptadas por el presidente Uribe para hacerle frente a las consecuencias que dejaron las pirámides. En este concepto conocido por Caracol Radio, el Procurador señaló que el decreto de la emergencia económica que impone a los alcaldes y gobernadores el deber de cerrar los establecimientos, en donde se desarrolle la actividad ilegal de captación masiva de recursos del público está dirigido a contrarrestar los efectos nocivos de estas empresas. “La proliferación de distintas modalidades de captación de recursos del público por fuera del marco legal, pone en grave riesgo y amenaza la economía a pues no ofrece las garantías y seguridades propias de la actividad financiera, siendo necesaria la adopción de mecanismos ágiles para contrarrestar estas prácticas” conceptúo el procurador Ordóñez. Así mismo en el concepto señala que las llamadas “pirámides” atentan de manera “grave e inminente” la estabilidad institucional, el orden económico y social del Estado y la convivencia ciudadana. "Por ello, entiende que el ordenar a través de las autoridades locales el cierre preventivo de los establecimientos, donde funciones pirámides y de informar al funcionario o entidad competente para la vigilancia y control constituye una medida necesaria, máxime si se tiene en cuenta que es en los pequeños municipios en donde se inicia esta práctica ilegal que posteriormente se extiende a los grandes centros urbanos”. Adicionalmente, la disposición en estudio se erige en soporte legal de la actuación de las autoridades para contrarrestar e impedir que se consolide una práctica que no es posible conjurar con las atribuciones ordinarias de las autoridades de Policía. Ante este cúmulo de razones Procurador General solicitó a la Corte Constitucional, declarar exequible el Decreto No. 4335 de 2008 por el cual se asignan funciones a los alcaldes y gobernadores y se establece una tipificación en materia disciplinaria en desarrollo del Decreto No. 4333 de 2008 por el cual se declara la emergencia social en el territorio colombiano.