Condenado el Estado por la muerte del senador e integrante del partido comunista, Manuel Cepeda

El Consejo de Estado condenó al pago de mil millones de pesos al Ministerio de la Defensa y al DAS, al hallarlos responsables de la muerte del senador y dirigente político del partido comunista Manuel Cepeda Vargas, en hechos violentos ocurridos el día 9 de agosto de 1994

Con ponencia de la Consejera Ruth Stella Correa Palacio, la Sección Tercera del Consejo de Estado declaró patrimonialmente responsable a la Nación por la muerte del dirigente político, en el occidente de Bogotá

El presidente del Consejo de Estado, Enrique Gil, dijo que los organismos de seguridad son responsables ya que, a sabiendas de las amenazas contra el congresista, no se actuó con diligencia, más aún cuando había medidas cautelares de protección emitidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA

El pago de esta condena deberá hacerse a favor de sus hijos Iván Cepeda, director de la organización contra los crímenes de Estado, María Cepeda Castro, y su esposa Olga Navia Soto. "La razón de ser de las autoridades públicas es la defender a todos los residentes en el país y asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares", y señala el alto tribunal que omitir el cumplimiento de esas funciones no solo genera responsabilidad personal del funcionario sino además responsabilidad institucional. "Por lo tanto, el Estado debe utilizar todos los medios de que dispone para lograr que el respeto a la vida y demás derechos de las personas, por parte de las demás autoridades públicas y particulares, sea una realidad y no conformarse con realizar una simple defensa formal de los mismos", señala la sentencia. Según el expediente, el ministro de Defensa de la época, Rafael Pardo Rueda, a quien pusieron al tanto del las amenazas de varios miembros del partido comunista y la Unión Patriótica, retó al señor Cepeda Vargas para que le hiciera un debate en el Congreso, no dio credibilidad a la versión y mucho menos brindó protección a las personas amenazadas. El Consejo de Estado consideró que conforme a las pruebas que obran en el expediente, el senador requirió en forma pública, en reuniones y a través de la Comisión Interamericana, protección para su vida y la de los demás miembros del Partido Comunista y de la Unión Patriótica, pero el Estado no adelantó ninguna medida eficaz. Con ese fundamento se condenó al Estado por los hechos ocurridos en la misma época a que se refiere la demanda, en casos tan conocidos como la muerte de destacados ex funcionarios o líderes políticos como Hernando Baquero Borda, Enrique Low Murtra, Jaime Pardo Leal y del ex concejal del municipio de Girón, Santander, Carlos Alberto Carvajal Chacón.