Continúan procesos militares en la base de Guantánamo

La decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos de confirmar el derecho de los detenidos a apelar a la justicia civil no impidió que los procesos militares siguieran su curso esta semana en la base naval de Guantánamo. La semana pasada varios observadores aseguraban que la decisión de la Corte tendría su repercusión en los tribubales militares de excepción instaurados para juzgar a los prisioneros de la "guerra contra el terrorismo", ya invalidados por los jueces en 2006 pero restablecidos por el Congreso. Sin embargo, el ministro de Justicia, Michael Mukassey, respondió que los tribunales militares continuarían su tarea, y esta semana se realizaron dos de las audiencias previstas en los casos de Omar Khadr y Mohammed Jawad, un canadiense y un afgano detenidos en Afganistán por haber lanzado una granada cuando eran adolescentes. El nuevo juez encargado de la causa contra el joven canadiense, el coronel Patrick Parrish, quien reemplaza a otro coronel que dimitió, anunció incluso que el proceso se iniciaría el 8 de octubre. Según medios estadounidenses presentes en la audiencia, Mohammed Jawad aprovechó la oportunidad para denunciar malos tratos, sobre todo durante dos pesadillescas semanas en mayo de 2004, cuando los guardias los trasladaban de celda cada hora para impedirles dormir, una técnica bautizada "programa de viajeros frecuentes". Al mismo tiempo, tres jueces federales de Washington, encargados de la apelación de Omar Khadr, se negaron el viernes a intervenir, estimando que sólo tenían autoridad para determinar la validez del tribunal militar una vez que este último hubiera emitido un fallo. Esta decisión tiene lugar, no obstante, en un procedimiento anexo y no necesariamente es un indicio de la respuesta de los jueces en caso de que tengan que tomar posición sobre los tribunales de excepción, un procedimiento que la Corte Suprema autorizó la semana última y que numerosos abogados aseguran estar preparando. Aunque aún no ha comenzado ningún proceso real en la base naval, unos veinte detenidos fueron inculpados y "habrá otros en un futuro no lejano", anunció Joe DellaVedova, un portavoz de los tribunales militares. Los tribunales de excepción "continúan adelante, de una manera justa, abierta y transparente", aseguró. Entre los detenidos ya inculpados se encuentran varios presuntos organizadores de los atentados del 11 de setiembre de 2001, pero también militantes de base de Al Qaida acusados de haber sido entrenados para el manejo de explosivos o de haber lanzado cohetes contra las tropas estadounidenses en Afganistán. Postergado varias veces, el primer proceso se abrirá el 21 de julio en una nueva sala de audiencias instalada en la base de Cuba, para juzgar a Salim Hamdan, un yemenita que trabajó como chofer y guardaespaldas de Osama bin Laden. Pero el juez encargado del caso, el capitán Keith Allred, tenía previstos varios días de audiencias la semana precedente para intentar determinar el alcance de la decisión de la Corte Suprema. En efecto, a pesar de que la más alta instancia judicial del país estimó que Guantánamo, oficialmente territorio cubano, funcionaba de hecho como territorio estadounidense, donde debían respetarse algunos derechos incluidos en la Constitución, no precisó sin embargo si ello concernía a todos los derechos constitucionales o solamente los fundamentales.