Con alegatos de las partes, terminó la audiencia sobre la extradición del ex presidente de Perú Alberto Fujimori

Con los alegatos de las partes terminó la audiencia sobre la extradición del ex presidente peruano Alberto Fujimori, que se prolongó por tres días en la Sala Penal del máximo tribunal chileno y cuya resolución se conocerá más adelante.
En la última sesión de la audiencia por la vista de la apelación al fallo de primera instancia que negó la extradición de Fujimori, alegaron los abogados chilenos Alfredo Etcheberry, que representa al Estado peruano, y Gabriel Zaliasnik, que defiende al ex mandatario (1990-2000).
Tras los alegatos, los magistrados se dedicarán a analizar los antecedentes del caso expuestos por la relatora, Paola Plaza, y las exposiciones de la acusación y la defensa, pero no entregaron plazo sobre cuándo tendrán el fallo definitivo.
El primero en exponer fue Etcheberry, quien interpuso la apelación al fallo de primera instancia y cuyo alegato se extendió por dos horas, en las que deslizó críticas al dictamen del juez Orlando Alvarez.
El pasado 11 de julio el magistrado a cargo del caso resolvió rechazar la extradición de Fujimori solicitada por el Estado peruano porque consideró que no había "pruebas sustanciales" de su participación en los doce casos que le imputaba la justicia peruana.
Al respecto, Etcheberry, tras atacar la credibilidad de Fujimori, que ha reiterado que ignoraba los hechos que se le imputan, dijo que en los expedientes "hay pruebas de sobra e incluso excesivas" para aprobar su extradición.
También cuestionó que Alvarez haya prescindido del cuadro
histórico político que motiva la extradición y que tiene que ver con que Fujimori, tras el "autogolpe" de Estado de abril 1992, pasó a gobernar a través de decretos y "controló los poderes político, económico, judicial y militar".
Agregó que, por esa vía, el ex mandatario destituyó a 13 magistrados de la Corte Suprema y a otros 89 jueces.
El abogado aseguró que en los casos de violaciones a los derechos humanos hay "múltiples testimonios" incluso de personas que formaron parte del grupo represor Colina, que dirigió el ex asesor de Seguridad de Fujimori, Vladimiro Montesinos, que habrían declarado que las órdenes provenían directamente de ellos.
"Hay testigos de que Fujimori y Montesinos se reunían con el grupo Colina, que incluso fue felicitado por el ex mandatario", dijo Etcheberry.
Por último, el abogado se preguntó si acaso para presumir la participación de Fujimori en estos delitos "se necesitan órdenes firmadas".
En tanto, el abogado del ex presidente peruano indicó que en el fondo sus acusadores lo que están buscando es hacerle "un juicio político".
Zaliasnik apuntó a las fallas de la defensa del Estado peruano y a la falta de pruebas durante el juicio de primera instancia que llevó el juez Alvarez.
Las pruebas deben ser elocuentes, claras, precisas e inmediatas y
"no deben existir testigos de oídas", enfatizó el defensor de Fujimori.
El abogado señaló que los delitos por los que se acusa a su cliente prescribieron y recalcó que a Fujimori nunca se le probó nada en Perú.
En cuanto a los casos de derechos humanos, Zaliasnik señaló que si bien los hechos existieron, no es posible sostener que Fujimori fuera el ejecutor de los mismos, y recalcó que las pruebas aportadas por el Estado peruano no son concluyentes.
A partir de ahora, los jueces de la Corte Suprema serán los encargados de dictaminar si Fujimori estuvo involucrado en los procesos por las infracciones a la probidad administrativa, sobornos, asociación ilícita y homicidios y torturas, entre otros, que se le imputan.
La Corte no tiene plazo para dar a conocer su decisión.
Fujimori, de 69 años, que llegó en noviembre de 2005 a Chile desde Japón, aguarda la resolución final bajo arresto domiciliario en una mansión que arrendó en el sector de Chicureo, un lujoso condominio situado al norte de la capital chilena.