Toque de queda en frontera con Colombia tras asesinato de intendente policial

El toque de queda entra en vigor en la noche de este lunes en la provincia ecuatoriana de Sucumbíos, en la frontera con Colombia, tras el asesinato a tiros el pasado jueves de la intendente provincial de Policía, Irene Guerrón.
Según las autoridades, Guerrón, militante del partido del gobierno, Alianza País, estaba amenazada de muerte por su lucha contra el tráfico de combustibles y su asesinato fue atribuido a sicarios.
Un total de 600 policías y militares patrullarán las calles de Nueva Loja, la capital de Sucumbíos, y otras poblaciones de la provincia, donde los locales deberán cerrar y estará prohibida la circulación entre las diez de la noche y las cinco de la mañana.
Las autoridades han informado que los agentes y soldados llevarán a cabo también operaciones de control de armas en todo Sucumbíos, que se ha convertido en la provincia más violenta de Ecuador.
El presidente de Ecuador, Rafael Correa, que acudió el viernes al funeral de Guerrón en Nueva Loja, afirmó que el gobierno "combatirá a las mafias organizadas" y no permitirá que "el crimen organizado impere" en la región de la frontera nororiental con Colombia.
"Aquí va a prevalecer la ley y la justicia", señaló el gobernante, quien agregó que no permitirá "la ley de la selva".
Tras el asesinato de Guerrón, la Asociación Latinoamericana de Derechos Humanos (Aldhu), con sede en Quito, denunció en un comunicado que en la zona fronteriza con Colombia se han producido más de 1.100 asesinatos desde el año 2000.
Sólo en la provincia de Sucumbíos, según la Aldhu, hubo 733 asesinatos entre 2000 y 2007, otros 300 en las localidades fronterizas del vecino cantón San Lorenzo y más de 100 en la frontera de El Carchi, en crímenes que la organización asegura que "permanecen en total impunidad".
Por este motivo, reclama que "las autoridades ecuatorianas asuman con seriedad y responsabilidad el cumplimiento de las medidas cautelares señaladas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en el sentido de abrir un proceso de investigación de este estado de violencia y crímenes, que afecta a las zonas de frontera".
La Aldhu pide que "se remueva de sus cargos y se someta a proceso a los funcionarios del Estado, del Ministerio Público, de la Policía y de los cuerpos de seguridad, reiteradamente denunciados por su involucramiento en estos crímenes y que continúan en funciones", al tiempo que se protege a las víctimas y sus familiares.