ACNUR: hay 3.500.000 colombianos desplazados por la violencia

El número de desplazados por la violencia en Colombia, tanto dentro como fuera del país, va en aumento, y son unas 3.500.000 personas, según dijo hoy en Quito el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), Antonio Guterres.
Guterres, que ha visitado en los dos últimos días Ecuador, señaló que "en términos cuantitativos (...) el número de desplazados es mayor hoy que hace un año", debido a la violencia en Colombia.
Dentro de Colombia, los desplazados internos se aproximan a tres millones, en Ecuador son unos 250.000 colombianos con necesidades de protección internacional, y entre Venezuela, Panamá y Costa Rica hay otros 250.000, precisó Guterres.
Pese a estas cifras, que sitúan a Colombia como el segundo país del mundo con mayor número de desplazados internos, después de Sudán, Guterres reconoció que "esta es una crisis un poco olvidada".
"Creo que es importante -agregó- hacer un trabajo de información, de movilización de la opinión pública a nivel internacional, porque es una situación humanitaria muy compleja, con mucha gente que está sufriendo y necesita de apoyo".
Al término de su visita a Ecuador, donde se ha entrevistado con el presidente del país, Rafael Correa, y otras autoridades, además de viajar a dos pueblos de la frontera con Colombia, Guterres rindió homenaje a esas poblaciones ecuatorianas, por su actitud "generosa y solidaria" al compartir con los colombianos "sus escasos recursos".
"En un mundo en que vemos crecer la intolerancia, el racismo y la xenofobia, es admirable mirar un pueblo que recibe a otro en condiciones de tanta solidaridad y tanta amistad", reiteró el responsable del ACNUR, que también visitará Colombia.
En este momento Ecuador es el país que más desplazados acoge en Suramérica y Guterres indicó que "la comunidad internacional tiene que asumir su responsabilidad, pues no es posible pedir al pueblo ecuatoriano, con todas las dificultades y los problemas de desarrollo que tiene, que haga todo ese esfuerzo sin ayuda".
Por ese motivo, el ex primer ministro portugués y actual Comisionado de la ONU se reunió con quince embajadores en Quito para hacer una petición firme "a la comunidad internacional de que apoye a Ecuador como forma de apoyar a los refugiados colombianos".
En concreto, indicó que la comunidad internacional debe apoyar el plan de "desarrollo, paz y justicia para la zona de frontera" planteado por el presidente Correa, subrayó Guterres.
"No solamente es un instrumento relevante para la protección de los refugiados, sino también un instrumento de justicia para las comunidades de Ecuador, en un área pobre y aislada del país, que hace un esfuerzo admirable y necesitan soluciones a sus problemas de empleo, salud, educación y otras cuestiones sociales", agregó.
Sobre el estatuto de refugiado, que Ecuador ha concedido a cerca de catorce mil colombianos, Guterres dijo que "no es una cuestión central, porque no hay amenazas sobre esta población refugiada, acogida por la población ecuatoriana y sin problemas de protección o riesgo de deportación, como en otras partes del mundo".
En cualquier caso, señaló que la ACNUR tiene un programa de "reasentamiento de personas particularmente vulnerables, para las cuales el regreso nunca será una opción", y que podrán instalarse en países latinoamericanos como Brasil, Chile, Argentina y Uruguay, así como también en algunos europeos.
Guterres elogió la iniciativa del gobierno ecuatoriano para "legalizar a los extranjeros en Ecuador" y mostró su disposición a "apoyar al máximo la detección de las personas con necesidad de protección en ese marco".
Sobre los motivos del desplazamiento de poblaciones en Colombia, indicó que los principales son "los conflictos y situaciones de violencia", aunque admitió que, "en muchas situaciones en el mundo, problemas de fumigación también son factores de desplazamiento".
Quito ha denunciado que las fumigaciones aéreas de plantaciones ilegales de coca con el herbicida glifosato, que Colombia hace sobre su territorio en el área fronteriza, llegan a Ecuador, donde causan graves daños a personas, animales y plantas, por lo que ha exigido a Bogotá que las cese.
Sin embargo, el gobierno colombiano las considera inocuas.