Universidades deberán reforzar protocolos contra violencias de género y acoso sexual

Todas las universidades e instituciones de educación para el trabajo del país deberán fortalecer sus protocolos para prevenir, investigar y sancionar las violencias basadas en género y el acoso sexual.

Así lo establece la Resolución 020310 del 31 de julio de 2026, expedida por el Ministerio de Educación, que fija nuevas obligaciones para garantizar entornos educativos libres de violencia y discriminación. La norma deroga la Resolución 014466 de 2022 e incorpora los lineamientos de la Ley 2365 de 2024 y recientes decisiones de la Corte Constitucional.

La resolución será de obligatorio cumplimiento para todas las Instituciones de Educación Superior (IES) y las Instituciones de Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano (IETDH), públicas y privadas.

La medida aplica a estudiantes, docentes, investigadores, personal administrativo, contratistas, practicantes, visitantes y demás integrantes de la comunidad educativa. También cobija hechos que ocurran tanto en espacios presenciales como virtuales, siempre que estén relacionados con actividades académicas, administrativas, culturales, deportivas o cualquier otra vinculada con la vida institucional.

¿Qué cambia con la nueva resolución?

La principal novedad es que todas las instituciones deberán adoptar o actualizar sus políticas y protocolos para prevenir, detectar, atender, investigar, sancionar y reparar integralmente los casos de violencias basadas en género y acoso sexual.

Estos ‘requisitos’ deberán cumplir estándares mínimos fijados por el Ministerio de Educación y buscar que las instituciones respondan de manera más rápida, efectiva y con enfoque de derechos, evitando la revictimización de las víctimas.

Estas son las nuevas obligaciones para universidades e instituciones

Entre las principales exigencias de la resolución están:

• Adoptar o actualizar sus políticas y protocolos contra las violencias basadas en género.
• Implementar estrategias permanentes de prevención y sensibilización para toda la comunidad educativa.
• Contar con rutas claras de atención para las víctimas.
• Garantizar acompañamiento psicológico y orientación jurídica.
• Habilitar canales seguros, confidenciales y accesibles para recibir denuncias.
• Disponer de equipos especializados para atender estos casos.
• Asignar recursos humanos, técnicos y financieros para garantizar el funcionamiento de las rutas de atención.
• Implementar sistemas tecnológicos para registrar y hacer seguimiento a las denuncias.
• Adelantar procesos disciplinarios respetando el debido proceso y evitando la revictimización.
• Adoptar medidas de reparación integral y acciones para evitar que estos hechos se repitan.

Además, las instituciones deberán divulgar de forma permanente estos protocolos para que toda la comunidad educativa conozca cómo actuar y qué rutas existen para denunciar o recibir atención.

La norma amplía las formas de violencia que deberán atenderse

Además del acoso sexual, la resolución incorpora nuevas manifestaciones de violencia basada en género que las instituciones deberán reconocer y atender.

Entre ellas están la violencia académica, institucional, digital, simbólica, económica, psicológica, política por razón de género, por prejuicio, por negación del reconocimiento de la identidad de género, así como la violencia estructural e interseccional.

Asimismo, todas las actuaciones deberán desarrollarse con enfoques de género, derechos humanos, diversidad sexual y de género, interseccionalidad, enfoque étnico y curso de vida.

Habrá garantías para el reconocimiento de la identidad de género

La resolución también incorpora medidas para promover el respeto por la diversidad dentro de las instituciones educativas.

Entre ellas, establece lineamientos para el reconocimiento del nombre identitario y los pronombres de las personas trans, no binarias y de identidades de género no hegemónicas en los procesos académicos y administrativos.

Además, orienta que el acceso a los espacios institucionales se haga de acuerdo con la identidad de género y recuerda que ninguna institución podrá exigir la libreta militar como requisito para el ingreso o la graduación, conforme a la legislación vigente.

¿Qué pasará con las denuncias públicas o “escraches”?

Otro de los cambios que introduce la resolución es la regulación de las denuncias públicas sobre presuntos casos de violencia basada en género.

La norma establece que, cuando una institución conozca estos hechos, incluso si fueron divulgados en redes sociales o mediante un “escrache”, deberá activar de oficio las rutas de atención e investigación.

Al mismo tiempo, deberá garantizar la protección de las presuntas víctimas, así como el debido proceso y la presunción de inocencia de las personas señaladas.

Según el Ministerio de Educación, la Resolución 014466 de 2022 presentaba vacíos en aspectos como la prevención, el acompañamiento a las víctimas, la trazabilidad de los casos y los estándares mínimos que debían cumplir las instituciones.

Por ello, la nueva resolución actualiza el marco regulatorio para incorporar las obligaciones previstas en la Ley 2365 de 2024 y los criterios fijados por la Corte Constitucional, con el fin de fortalecer la respuesta institucional frente a las violencias basadas en género y el acoso sexual.

El ministro de Educación, Daniel Rojas Medellín, aseguró que la medida busca garantizar que todas las personas puedan estudiar y trabajar en espacios seguros.

“Garantizar el derecho a la educación significa garantizar que todas las personas puedan estudiar, enseñar y construir su proyecto de vida en espacios seguros, libres de violencias y de cualquier forma de discriminación. Con esta resolución fortalecemos las capacidades de las instituciones para prevenir, atender y sancionar estas conductas, porque la dignidad y la vida de quienes hacen parte de la comunidad educativa no son negociables”, afirmó el ministro.

Con la entrada en vigor de esta resolución, las universidades y demás instituciones cobijadas por la norma deberán ajustar sus reglamentos internos, políticas y protocolos para cumplir los nuevos estándares fijados por el Ministerio de Educación.