Eventual salida a la crisis de CPE entra en una semana decisiva

El polémico Contrato de Primer Empleo (CPE) entró en vigor en Francia, en la víspera de que el Gobierno conservador francés se reúna en pleno y dos días antes de la jornada interprofesional de protestas, cuyo seguimiento se anuncia masivo.
Con la publicación hoy en el Boletín Oficial del Estado de la ley de igualdad de oportunidades, en la que el CPE figura como un artículo, cualquier empresario puede teóricamente recurrir ya a ese contrato destinado a los menores de 26 años.
Teóricamente, ya que el presidente francés, Jacques Chirac, pidió al Gobierno que adopte las disposiciones necesarias para que no se firme ningún CPE hasta que se modifiquen por ley los puntos litigiosos.
Chirac solicitó que el periodo de prueba se reduzca a la mitad, a un año, y que se explique al contratado las causas del despido.
En una entrevista al semanario "Le Journal du Dimanche" (JDD), la presidenta de Medef, la principal patronal, Laurence Parisot, reiteró hoy que ha pedido a sus adherentes que no recurran al CPE hasta su modificación por vía de una proposición de ley, cuya redacción está en manos de los parlamentarios de la gobernante UMP.
Pero según el jefe del principal partido de la oposición, el socialista Francois Hollande, nada impide a partir de hoy a un empresario recurrir a la fórmula del CPE, una vez que está en vigor.
Aunque el Gobierno no firme el decreto de creación del formulario necesario para notificar a la Administración un CPE, eso no impedirá a un empleador redactar y proponer esa contratación a un asalariado de menos de 26 años, y será legal, según los expertos.
Según fuentes patronales citadas por el diario "Le Parisien", un allegado al primer ministro, Dominique de Villepin, contactó ayer con el presidente de las Pymes, Jean-Francois Roubaud, para pedirle que utilicen el CPE a partir del día 4, es decir, a partir de la quinta jornada de huelgas y manifestaciones convocada por los sindicatos.
Impulsor y firme defensor de su CPE, Villepin, que mañana reúne en pleno a su Gobierno, asegura que no se ha sentido desautorizado por la decisión de Chirac de optar por su "promulgación sin aplicación".
Esa petición equivale, según los analistas, a una suspensión de "facto" del CPE, aunque esa palabra no fue utilizada por Chirac en su mensaje del pasado viernes, seguido por 20,6 millones de franceses.
El 62 por ciento de los franceses está "poco" o "nada de acuerdo" con la decisión de Chirac, según un sondeo publicado hoy.
Se trata de uno de los peores resultados registrados por un presidente de la V República tras una intervención televisada.
Peor aún, el 70 por ciento de los encuestados encuentra que Chirac está debilitado y el 75 por ciento piensa lo mismo, pero de Villepin.
Esa impopularidad es "inevitable" en una "crisis", según Villepin, que en su primera entrevista tras el mensaje de Chirac publicada hoy por el "JDD", reconoce que cometió "errores" en su gestión del CPE, del que ha sido desposeído.
Y es que al pasar a manos de los jefes de filas de los grupos parlamentarios de la UMP, el dossier queda, en realidad, bajo la batuta del presidente de ese partido conservador, Nicolas Sarkozy, quien, una vez más, se dispone a desempeñar el papel de salvador.
La puerta de salida a la crisis abierta por Chirac se asemeja bastante a la solución que desde hace días defendía Sarkozy, el otro gran aspirante de la derecha al Eliseo para el 2007.
Sarkozy ha multiplicado sus contactos telefónicos con los líderes sindicales y estudiantiles, y, según ha transcendido, les ha dado a entender que la UMP está dispuesta a ir en su proposición de ley sobre el CPE más allá de las revisiones propuestas por Chirac.
Mañana, por la tarde, Sarkozy reunirá a una comisión ejecutiva extraordinaria de la UMP para trabajar en las nuevas propuestas que al día siguiente, tras la reunión de los grupos parlamentarios, deben ser enviadas por correo a los sindicatos.
Estos, que preparan los paros y manifestaciones del martes, no se cierran al diálogo, pero piden la derogación del CPE.
Una derogación que los socialistas y los comunistas han anunciado que pedirán en breve mediante sendas proposiciones de ley.