CEPAL propone un pacto de protección social para América Latina

La CEPAL analizará en Uruguay la propuesta de un pacto de protección social para América Latina y el Caribe destinado a amparar a la población frente de los riesgo de la pobreza, enfermedad y envejecimiento, se informó en Montevideo.
El secretario ejecutivo de la CEPAL, José Luis Machinea, y la vicecanciller uruguaya, Belela Herrera, anunciaron los próximos desafíos que afronta la región en el tema de la seguridad social.
Hasta el próximo día 24, los representantes de los países de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), estudiarán en Montevideo los problemas sociales de la región, dentro del Trigésimo Primer Período de Sesiones.
Durante la conferencia de prensa, Machinea aseguró que el documento destaca que las reformas iniciadas en los años noventa "no resolvieron los problemas de financiación y cobertura de los sistemas de protección social".
Se señaló que ello ha sido causa de que las reformas no se adecuaron a las realidades de los mercados laborales, al escaso y volátil crecimiento, la lenta generación de empleo y el incremento de la informalidad, que en la región alcanzó un 47 por ciento del empleo total al comienzo de la actual década.
En el documento, entregado a la prensa, se señala que apenas 4 de cada 10 trabajadores ocupados en América Latina aporta a algún sistema de seguridad social.
El organismo de la ONU entiende que es "urgente mejorar" también la cobertura en materia de salud, pensiones y programas para combatir la pobreza y avanzar hacia una sociedad más solidaria.
La CEPAL propone discutir en sus sesiones en Montevideo la construcción de un nuevo pacto social, que tenga como objetivo el cumplimiento de los derechos sociales y donde se consideren las desigualdades.
Según las cifras proporcionadas por CEPAL, el gasto público aumentó en la mayoría de los países entre 1990 y 2003, mientras la participación en el PIB de la seguridad y asistencia social se elevó del 12,8 al 15,1 por ciento, por lo que el incremento por habitante fue de un 39 por ciento en términos reales.
Pero persiste una enorme heterogeneidad entre los países.
Argentina, Brasil, Costa Rica, Cuba y Uruguay destinan actualmente más del 18 por ciento de su PIB al gasto social, mientras que Ecuador, El Salvador, Guatemala, la República Dominicana y Trinidad y Tobago asignan menos del 7,5 por ciento.
La Comisión señala a los socios la importancia de promover políticas que generen más y mejores empleos.
También advierte que "no cabe esperar que el empleo sea el único mecanismo de acceso a la protección para la mayoría de la población en el corto o mediano plazo".
La CEPAL sostiene que será necesario fortalecer los mecanismos de solidaridad y de protección no contributiva y reconoce que ésta última está limitada por los recursos fiscales escasos.
El documento señala a los países la necesidad de alcanzar un mejor equilibrio entre incentivos y solidaridad en sistemas de protección social, integrando mecanismos contributivos basados en aportes salariales de trabajadores o empleadores en lugar de los financiados mediante rentas generales.
El documento, que se presentará oficialmente el próximo miércoles a los representantes de países de la CEPAL, servirá para tender puentes entre los derechos sociales y los criterios políticos