Human Rights Watch recomienda a la OEA que retire la misión de paz de Colombia

La ONG Human Right Watch luego de una auditoría al proceso de desmovilización con los grupos de autodefensa y a la ley de justicia y paz, lanzó duras críticas y mencionó que el balance es altamente negativo. El organismo le recomendó a las OEA que suapenda su apoyo hasta que el gobierno no reorganizase y modifique este proceso.
"No entendemos cuál es la utilidad de su presencia OEA, salvo legitimar el proceso" con las Autodefensas, afirmó el responsable de la HRW para América, el chileno José Miguel Vivanco, al presentar en Bogotá un crítico informe sobre el avance del diálogo.

Vivanco consideró que la Organización de Estados Americanos (OEA) no puede tolerar una normativa como la "ley de justicia y paz que está orientada fundamentalmente a premiar el silencio y a castigar al que hable". Agregó que los paramilitares con mayores imputaciones no purgarán más de dos años.

El director para las Américas de HRW recordó que la OEA, al establecer la Misión de Apoyo dejó en claro que su tarea debía velar por los "estándares internacionales en materia de Derechos Humanos". Pero la norma legal, señaló, no asegura la confesión, la entrega de información y, tampoco, de las fortunas paramilitares, mayoritariamente obtenidas con el narcotráfico.

"Una vez libres los paramilitares, sus fortunas, poder político y redes criminales seguirán intactas", pronosticó Vivanco, para quien una desmovilización sólo será efectiva cuando esté "dirigida al desmantelamiento del poder político y económico, y (de) la estructura criminal de estos grupos".

Vivanco opinó que nada de ello se ha conseguido en el pasado reciente, con las primeras desarticulaciones masivas, y tampoco se espera que suceda con la aplicación de la "ley de justicia y paz".
Las víctimas de crímenes "siguen a la espera de algún tipo de reparación", prosiguió Vivanco, quien insistió en que todo este proceso ha avanzado sin que la MAPP cumpla un rol acorde con el mandato que recibió e, incluso, con la carta de la OEA.

El papel de la MAPP, dijo, es "altamente cuestionable", por cuanto cumple una tarea pasiva y se abstiene de denunciar las violaciones al cese de hostilidades y de ofrecer los informes correspondientes al Consejo Permanente de la OEA. Según él, "la misión de la OEA ha contribuido a dar al proceso una apariencia de legitimidad internacional que no se merece".

Con ello se valida la "enorme campaña publicitaria y diplomática" montada por Uribe y su gobierno para "conseguir apoyo nacional e internacional", subrayó Vivanco, quien previamente presentó el informe "Las apariencias engañan - La desmovilización de grupos paramilitares en Colombia" a altos cargos del Ejecutivo, entre ellos el vicepresidente Francisco Santos.

Es probable que el proceso con las AUC "agrave los problemas del país", advirtió el portavoz de HRW al indicar que teme que este diálogo permita que "esas fuerzas logren consolidarse más (...), limpiar sus antecedentes penales (...), reintegrarse o integrarse por primera vez a lo que ellos llaman la vida política en Colombia".

También a librarse de la extradición a Estados Unidos, país al que HRW recomendó que condicione el apoyo a este esquema a que el Gobierno enmiende la ley y la ajuste a los estándares internacionales.