López Michelsen hace recomendaciones pacificadoras

Por Yanelda Jaimes Novoa-
BOGOTA.--- En tanto que las FARC acusaron al presidente Alvaro Uribe de "impulsar la guerra total" y de recortar las libertades y los derechos con su estrategia para contener y doblegar a los rebeldes izquierdistas, el ex presidente Alfonso López Michelsen , las emplazaba a que respondan si son terroristas o no a través del Comité Internacional de la Cruz Roja o la ON U.
El señor López Michelsen demandó la necesidad de un urgente acuerdo humanitario que permita la libertad de todos los secuestrados.
"Ha llegado la hora de que se definan y se acojan a los convenios de Ginebra que autorizan actos humanitarios en un país en guerra", dijo.
Explicó que el gobierno de Colombia, debe acceder a un acuerdo humanitario por una sola vez a fin de mitigar el sufrimiento de miles de familias.
Dijo que la guerrilla al momento de aceptar dicha posibilidad debe comprometerse a no volver a secuestrar."Con todo respeto discrepo del gobierno cuando dice que es necesario primero un proceso de paz y después un intercambio, por cuanto el país necesita de esos gestos de paz para seguir avanzando en la solución del conflicto armado", puntualizó .-
En el marco del tercer encuentro de familiares secuestrados , advirtió que ésta no es una propuesta más sino una posibilidad que puede implementar el Estado colombiano .
Las FARC en cambio, a través de Raúl Reyes, uno de los miembros del Secretariado General, dijeron a Uribe Vélez que: Esta es la guerra total sin diálogo del Estado y su gobierno contra la inerme población desposeída, en el propósito de recortar más sus libertades y sus derechos afectados por la política neoliberal estatal al servicio de las multinacionales y la oligarquía colombiana".
Las declaraciones de Reyes, las primeras de un alto jefe de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) desde que se rompió el proceso de paz en febrero pasado, fueron publicadas por el semanario Voz, órgano de difusión del Partido Comunista.
Uribe ganó las elecciones de mayo con la promesa de doblegar a la guerrilla izquierdista y a los ilegales escuadrones paramilitares que enfrentan las fuerzas de seguridad en medio de un conflicto interno de casi cuatro décadas que dejó 40.000 muertos en los últimos dos lustros.
Pero horas después de su elección, el mandatario, un abogado de 50 años cuyo padre fue asesinado por las FARC en un fallido intento de secuestro, dejó abierta la posibilidad de restablecer un contacto de paz con los rebeldes, con el papel de buenos oficios de las Naciones Unidas.
No obstante, el mandatario impulsa una estrategia para recuperar la presencia del Estado en amplias zonas controladas por la guerrilla y por los paramilitares aumentando el gasto militar en 1.000 millones de dólares anuales desde los actuales 3.100 millones.
ACUSAN A URIBE DE DICTATORIAL
Adicionalmente busca aumentar el número de efectivos del ejército y de la policía, a las que entregó facultades excepcionales para realizar capturas, allanamientos e interceptación de comunicaciones sin orden judicial bajo la figura del estado de Conmoción Interior que decretó en agosto.
Uribe, quien también inició la conformación de una red de un millón de civiles para que aporten información a las fuerzas armadas, decretó un impuesto para dar nuevos recursos a las fuerzas militares e impulsa ante el Congreso una reforma tributaria con nuevos impuestos, una laboral y otra pensional.
"Cada una de las medidas que pretende imponer este gobierno por medio de la fuerza expresa su carácter impositivo, abiertamente dictatorial y al servicio de las políticas del Fondo Monetario Internacional y los grupos financieros nacionales y extranjeros", sostuvo Reyes.
El antiguo negociador de las FARC en las fallidos diálogos de paz con el gobierno del ex presidente Andrés Pastrana, criticó también lo que consideró como una intromisión de Estados Unidos en el conflicto colombiano.
Washington es el principal aliado de Colombia en la lucha contra el narcotráfico y los equipos entregados para combatir el tráfico de drogas podrán ser utilizados para combatir a la guerrilla y a los paramilitares lo que supone una intervención más directa de Estados Unidos en el conflicto.
Analistas temen un aumento de la guerra interna con esta decisión, sumada a la llegada de 100 miembros de las fuerzas especiales estadounidenses para entrenar tropas colombianas en la protección de un importante oleoducto frecuentemente atacado por los rebeldes en el noreste del país.
"Esta lucha continuará hasta que prevalezca la paz con justicia social y desaparezcan la represión, la miseria, el atraso y la entrega de nuestra soberanía patria al imperio gringo y a las multinacionales del gran capital monopolista de Estado", concluyó Reyes.
Las FARC dicen que luchan por instaurar un sistema socialista en un país con marcadas diferencias entre ricos y pobres, con un desempleo del 18 por ciento y una pobreza que afecta a un 60 por ciento de la población.