ONU preocupada por presunta relación Ejercito-paramilitares

GINEBRA.---- La Comisión de Derechos Humanos de la ONU condenó la persistencia de la impunidad en Colombia y la violencia utilizada por todas las partes en conflicto y expresó "su honda preocupación por las alegaciones sobre la relación entre el Ejercito y los paramilitares de ese país".
Así lo señala una declaración del presidente de la Comisión de Derechos Humanos, Krzysztof Jakubowski, previamente negociada entre los representantes de la Unión Europea y de Colombia, y que se presentará esta tarde o mañana ante este foro.
El texto destaca las graves informaciones recibidas sobre la implicación de miembros de las fuerzas del Estado en desapariciones forzadas y secuestros, mediante su colaboración directa con los grupos paramilitares o permitiendo la comisión de esos delitos.
La Comisión insta a la liberación de todos los secuestrados y deplora los secuestros, así como los ataques contra la vida, integridad física y libertad de movimiento que sufren los defensores de derechos humanos, sindicalistas, líderes religiosos, políticos o periodistas cometidos por los paramilitares y la guerrilla.
En concreto, condena enérgicamente el reciente asesinato de Monseñor Duarte y solicita a las autoridades que suspendan a aquellos miembros de las fuerzas de seguridad que sean acusados de forma creíble de haber cometido actos criminales.
Asimismo condena todas las amenazas, ataques, secuestros y asesinatos de candidatos electorales por los paramilitares y la guerrilla.
La impunidad -añade- sigue dominando la vida en Colombia, con persistentes violaciones del derecho a un juicio justo y de la presunción de inocencia, así como la celebración de procesos judiciales por parte de tribunales militares.
Incluso ha habido algunos casos de graves violaciones de los derechos humanos y las leyes internacionales humanitarias en los que la Fiscalía se ha declarado incompetente en favor de la justicia penal militar.
Por ello, la Comisión pide al Gobierno que reforme el código penitenciario y que adopte las medidas necesarias para superar los problemas de la administración de Justicia y finalice con la corrupción del sistema penitenciario.
A juicio de los miembros de la Comisión sería necesario reforzar el sistema judicial, así como la protección de sus miembros y de las víctimas, mejorar las condiciones de los centros de detención y evitar la introducción de armas en las prisiones.
El deterioro de la situación de los niños es otra de las principales preocupaciones de la Comisión, por lo que insta a las autoridades a adoptar medidas para reducir la violencia contra los menores.
Condena firmemente el reclutamiento de un amplio número de niños en los grupos paramilitares y la guerrilla y exhorta a las partes en conflicto a que paren el uso de los menores y a que desmovilicen a los que estén implicados en la lucha.
Además muchos menores de 14 años forman parte de la enorme población de desplazados internos a causa del conflicto -más de 1,5 millones de personas- que se encuentran en una situación cada vez más vulnerable e insegura.
La Comisión considera que el problema de los desplazados debe ser afrontado de forma efectiva, por lo que pide al Gobierno que desarrolle mecanismos eficaces para hacer frente al clima general de violencia y a las consecuencias inmediatas de los desplazamientos internos de población.
A pesar de todos los problemas existentes, la Comisión reconoce los esfuerzos del Gobierno colombiano y destaca los progresos en el diálogo con la oficina de la Alta Comisaría de la ONU para los Derechos Humanos en el país.
El texto señala su "comprensión y respeto" por la decisión del presidente colombiano, Andrés Pastrana, de poner fin al proceso de paz en febrero de este año y recuerda los "condenables actos de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, que demuestran su falta de voluntad para comprometerse en un proceso de paz".
En este sentido, la Comisión reitera el apoyo a Pastrana en su búsqueda del fin del conflicto interno en Colombia.
"Esperamos una futura disminución de la intensidad de los conflictos y una paralización de las violaciones de los derechos humanos y los ataques contra la población civil, lo que contribuirá a crear una atmósfera de confianza que permitirá la continuación de los esfuerzos para el diálogo en la búsqueda de la paz", agrega la Comisión.