Parlamentos UE urgen nuevas medidas concretas contra el blanqueo

PARIS.---- Parlamentarios de trece países de la UE y del Parlamento Europeo se pronunciaron por nuevas medidas para combatir el lavado de dinero, incluida la creación de un registro central de cuentas bancarias, en su "Declaración de París contra el blanqueo".
El lavado de capitales de origen delictivo y la delincuencia financiera, cuyo auge es facilitado por la globalización, son "una amenaza directa para la estabilidad de la economía global pero también para la seguridad de nuestras sociedades democráticas", afirmaron los legisladores en el preámbulo del texto adoptado hoy.
Recalcaron que "ya no puede tolerarse" la persistencia de mecanismos jurídicos que mantienen la opacidad de las transacciones financieras, la utilización de "agujeros negros" del sistema internacional ni las "carencias" de cooperación entre los Quince.
El socialista Raymond Forni, presidente de la Asamblea Nacional francesa (cámara de los diputados) que acogió la Conferencia de los Parlamentos de la UE sobre el blanqueo, afirmó en la clausura que "combatir el lavado de dinero es también combatir el terrorismo".
Los atentados del pasado 11 de septiembre en Estados Unidos, que le llevaron a poner en marcha esta iniciativa, causaron una "concienciación de la urgencia de luchar contra el terrorismo y su financiación, que a veces recurre a circuitos idénticos y métodos similares", dijo.
El primer ministro francés, el socialista Lionel Jospin, que también intervino en la sesión final, dijo que Europa debe ser "ejemplar" en el combate contra la delincuencia financiera y "no puede tolerar la existencia de entidades opacas o anónimas".
"Francia pide que la trazabilidad (seguimiento desde su origen) de los flujos financieros sea una prioridad política absoluta", lo que empieza por la supresión del "anonimato de ciertos giros internacionales" y que pasa también por combatir "los excesos del secreto bancario".
La Declaración de París, que busca mejorar la eficacia del combate al lavado de dinero, se articula en torno a cuatro ejes:
La transparencia de los movimientos de capitales; las sanciones contra los países y/o territorios, identificados por el GAFI (Grupo de Acción Financiera), que no cooperan con la lucha internacional contra el blanqueo; las reglas de control y regulación financiera; y la cooperación judicial, policial y administrativa.
Además de la creación de un registro central de cuentas bancarias, propone la inscripción "obligatoria" de las fiduciarias y la identificación de los beneficiarios en un registro central.
Ello facilitaría la labor de los jueces que, actualmente, tienen que interrogar todos los bancos del país en los que investigan para obtener la identidad del propietario.
Los parlamentarios preconizaron también armonizar las sanciones penales contra la delincuencia financiera y los procedimientos para levantar los secretos profesionales.
Pidieron prohibir a las entidades financieras con sede social en los países o territorios de la "lista negra" del GAFI que abran filiales o sucursales en los Estados de la UE, y prohibir a su vez a las entidades financieras de los países comunitarios operar allí.
La "lista negra" de países y/o territorios que no cooperan en la lucha internacional contra el blanqueo, según el Grupo de Acción financiera (GAFI), consta actualmente de 19, entre ellos el micro Estado de Nauru, en el Pacífico, el único sancionado hasta la fecha.
Jospin, que firmó ayer la orden de contramedidas francesas contra Nauru, anunció que Francia planea suspender su ayuda a los países en desarrollo que incumplan las reglas e instó a los otros países de la UE a hacer otro tanto.
"Es una cuestión de coherencia", afirmó Jospin, en su llamamiento a una lucha a "escala mundial" contra la delincuencia financiera, a rechazar "las hipocresías" y a "pasar a los hechos".
En su declaración, los representantes de los 13 Parlamentos de la UE (faltaron los de Suecia y Finlandia), abogaron por la aplicación "rápida" de la orden europea de arresto, sobre la que los Quince se pusieron de acuerdo a raíz de los atentados en EEUU, "una etapa importante que debe ser consolidada en los próximos años".
Los firmantes no abogaron por una Fiscalía europea, sino por "consolidar el carácter operacional de Eurojust", por desarrollar los intercambios de información entre las unidades de información financiera, reconocer mutuamente las decisiones de congelación y confiscación de activos ilícitos, y ratificar los convenios destinados a facilitar la cooperación judicial.