Red traficantes infiltrada en ONU pedía 6.000 dólares por asilo

GINEBRA.--- Una red dedicada al tráfico de refugiados y que se infiltró en las oficinas de la ONU en Nairobi pedía hasta 6.000 dólares por persona a cambio de ofrecerles asilo en una país rico, informaron los encargados de la investigación.
La Oficina de Servicios de Supervisión Interna (OIOS) de las Naciones Unidas presentó hoy un informe sobre el escándalo registrado el pasado año en Kenia en relación con la red de traficantes de refugiados, dirigida por diez personas e integrada por otras sesenta más.
Tres de los responsables de la "red delictiva" eran miembros de la Alta Comisaría de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) en Nairobi: el abogado Peter Okoth Alingo, su compañera de oficina Susan Muthoni Nyoike y el oficial George Ngodhe Juma.
La investigación del caso comenzó en 1999 ante las denuncias de algunos refugiados, por lo que los dirigentes de la ACNUR pusieron el asunto en manos de la OIOS, que envió un equipo a Kenia en abril del año pasado y logró reunir pruebas.
La banda cobraba ilícitamente entre 1.500 y 6.000 dólares por refugiado a cambio de proporcionarles un país de asilo como Australia, Canadá, Estados Unidos o el Reino Unido, según el informe de la OIOS.
Los dirigentes de la red enviaron cartas de amenaza contra el embajador de Estados Unidos en Kenia, Johnnie Carson, y otros empleados de esa misión diplomática, así como contra tres altos cargos de la ACNUR, con la intención de evitar que continuara la investigación.
Una de las cartas recibida por el representante en Kenia de esta agencia humanitaria de la ONU, Daniel Tshitungi, advertía de que "su seguridad y la de su familia están en peligro y si no se marcha (del país) sabemos en qué escuela estudia su hija y podemos secuestrarla".
El agente de la OIOS Francis Montil indicó que algunas cartas contenían incluso "la falsa firma de Osama Bin Laden", el terrorista considerado cerebro de los atentados perpetrados en 1998 contra las Embajadas de EEUU en Nairobi y Dar Es Salam, que causaron más de doscientos muertos
Por su parte, el subsecretario de la OIOS, Dileep Nair, señaló que la "red", que probablemente operó entre 1998 y el 2001, cobró supuestamente "millones de dólares" de los refugiados, y precisó que los tres que están pendientes de juicio en Kenia pueden ser condenados a penas de diez años de prisión por amenazas y de otros seis meses por fraude.
Según el informe, la motivación de la banda "no era de carácter ideológico ni de favoritismo, sino sencillamente codicia" y los dirigentes organizaban el traslado de personas, incluidos los refugiados que no cumplían los requisitos, privando así indebidamente a otros de ese destino, apunta el documento de la OIOS.
El informe agrega que "los refugiados que no podían pagar y cuyas identidades habían sido usurpadas por esos funcionarios y vendidas a otras personas" que no reunían las condiciones exigidas se veían "expuestos a una espera interminable", además de "despojados de lo único que les quedaba, su identidad".
Varios empleados de la ACNUR que denunciaron el asuntos fueron también amenazados, por lo que tuvieron que ser trasladados a otros destinos.
El máximo responsable de la ACNUR, Ruud Lubbers, reconoce en un comunicado las críticas del informe sobre la infiltración en ese organismo de una red de tráfico de refugiados y asegura que desde entonces se han "corregido" los problemas de organización con la renovación del personal local.