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Ejército reconoce que paramilitarismo es un fenómeno creciente

Los combates que libran desde el fin de semana en el noroeste de Colombia paramilitares derechistas y guerrilleros marxistas de las FARC, con un saldo extraoficial de al menos 20 muertos, evidencia el acelerado crecimiento del fenómeno paramilitar, que el Ejército admite le preocupa y que según el Gobierno ha impedido iniciar un proceso de paz con los rebeldes del ELN.

BOGOTA.--- Los combates que libran desde el fin de semana en el noroeste de Colombia paramilitares derechistas y guerrilleros marxistas de las FARC, con un saldo extraoficial de al menos 20 muertos, evidencia el acelerado crecimiento del fenómeno paramilitar, que el Ejército admite le preocupa y que según el Gobierno ha impedido iniciar un proceso de paz con los rebeldes del ELN.
Miembros de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) y de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) combaten en una apartada zona rural de la localidad de San Luis, departamento de Antioquia, pero debido a la intensidad de los enfrentamientos los organismos humanitarios no ha podido ingresar a la zona para recuperar los cadáveres.
Estos combates ocurren dos semanas después de que también en choque armados entre las AUC y las FARC en una zona rural del municipio de Ituango, también en Antioquia, murieron 50 paramilitares, según el Ejército.
De acuerdo con un informe del ministerio de la Defensa divulgado recientemente, las AUC han crecido vertiginosamente en los últimos años, y actualmente cuentan con 8.000 miembros fuertemente armados, en tanto que las FARC alcanza 16.500 combatientes, y el Ejército de Liberación Nacional (ELN, guevarista) 4.500 integrantes.
Desde hace más de una década las AUC, lideradas por el prófugo Carlos Castaño, libran una declarada guerra "a muerte" con las FARC y el ELN, que frecuentemente involucra a la población civil, especialmente campesinos, que son asesinados por cada bando que los perciben con aliados de sus rivales.
En lo que va de este año las AUC han incrementado especialmente las masacres de civiles en diversas regiones del país, principalmente en regiones del norte y noroeste, que según distintos informes de organismos estatales ya dejan cerca de 200 muertos, entre esos crímenes selectivos y otras acciones violentas.
El fenómeno del paramilitarismo es tan grave, que recientemente el declaraciones a la prensa el comandante de las Fuerzas Militares, general Fernando Tapias, advirtió que "el problema más grande que enfrentará Colombia en los próximos años será el paramilitarismo", que, sostuvo, "será incluso más grave que aquel que pretende solucionar".
Según Castaño, que hace unas semanas declaró a la prensa que "más temprano que tarde" el Gobierno del presidente Andrés Pastrana tendrá que incluir a las AUC en su política de paz con las guerrillas izquierdistas, asegura que los paramilitares existen por la violencia de los insurgentes contra los civiles.
Sobre ese postulado asegura que si no existieran las guerrillas no existirían tampoco las AUC, y aunque reclama un diálogo con el Gobierno al mismo tiempo dice que si las guerrillas dejan las armas, ellos también lo harían.
Según coinciden en denunciar distintas organizaciones nacionales e internacionales defensoras de los Derechos Humanos, las AUC cuentan con el apoyo o complacencia de algunos sectores militares,
Castaño ha admitido públicamente que las AUC obtienen buena partes de sus recursos para financiarse de un impuesto que cobran a los cultivadores de hoja de coca y amapola (materias primas de la cocaína y la heroína), y a los narcotraficantes, en la regiones del país donde operan sus hombres.
Pero las AUC, cuyo accionar violento puso en peligro el proceso de paz que el Gobierno lleva a cabo con las FARC, que lo suspendieron en noviembre pasado durante tres meses alegando la supuesta falta de acción del Ejecutivo contra los paramilitares, también han impedido el inicio de las tratativas contra con el ELN.
El presidente Pastrana denunció hace unos días que las AUC incentivaron las protestas campesinas del norte del país en contra de que el Gobierno ordene desmilitarizar una región del sur del departamento de Bolívar (norte), para realizar allí las negociaciones de paz con ese grupo insurgente.

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