La ONU se reúne en Palermo para luchar contra criminalidad transnacional

ROMA - La comunidad internacional se reunirá del 12 al 15 de diciembre en Palermo (Sicilia) para firmar una "convención de la ONU contra la criminalidad transnacional organizada", que según los negociadores constituirá "un instrumento decisivo" en la lucha contra las mafias mundiales.
La convención, así como dos protocolos contra la trata de seres humanos y el tráfico de inmigrantes, fueron adoptados el 15 de noviembre pasado por la Asamblea General de la ONU.
Con capacidad de pressión jurídica, los textos entrarán en vigor luego de que sean ratificados por 40 países.
La elaboración del tratado, que se inició en 1998, parte del hecho de que debido a la apertura de las fronteras y a los progresos tecnológicos han proliferado verdaderos "sindicatos del crimen" que operan a escala mundial y dirigen imperios financieros.
"Las perspectivas de explotación de ese sistema nunca fueron tan favorables", indicó el director ejecutivo de la Oficina de Naciones Unidas para el control de drogas y la prevención del crimen, Pino Arlacchi, en la presentación de los textos.
El objetivo de la convención es establecer un instrumento jurídico que se base en dos puntos centrales: la armonización de las legislaciones nacionales y la cooperación internacional.
Las diferencias en la legislación de los diversos países impiden la lucha eficaz contra el crimen organizado.
Así, en algunos países, las leyes sobre el lavado de dinero sólo se aplican al tráfico de drogas, mientras que la trata de seres humanos o el contrabando no son considerados delitos penales.
El tratado requiere que los Estados incluyan en el Código Penal cuatro tipos de delitos: la participación en un grupo criminal organizado (asociación para delinquir), el lavado de dinero, la corrupción y obstaculización de la acción de la justicia.
Partiendo de esos cuatro crímenes y estableciendo definiciones precisas de las nociones de "infracción de naturaleza transnacional" y de "grupo criminal organizado", la convención plantea una serie de obligaciones.
En materia de lavado de dinero, el tratado impone a los Estados levantar el secreto bancario, prohibir las cuentas anónimas o de bajo tetaferros y confiscar los bienes surgidos de una actividad criminal.
Por primera vez, una convención de este tipo prevé hacer responsables a las empresas de casos de lavado de dinero o de participación en una actividad criminal.
La convención hará que los países faciliten y agilicen los procedimientos de extradición y la aplicación de programas de protección de testigos, entre otros puntos.