Perú prepara juicio a presuntos traficantes de armas

LIMA- La justicia de Perú tiene previsto interrogar próximamente a más de una decena de personas detenidas, entre civiles y ex militares, implicadas en la compra de armas a Jordania para ser enviadas a la guerrilla colombiana, dijeron el martes fuentes judiciales.
La jueza civil en el caso, Celinda Segura, investiga también a más de cincuenta personas que podrían tener vinculaciones con una presunta red internacional de tráfico de armas, dijeron las fuentes.
Las armas, 10.000 fusiles Kalashnikov, fueron a parar a las manos de la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), después que ex oficiales peruanos adquirieron el arsenal del gobierno jordano mostrando documentos falsos, según el gobierno peruano.
La jueza Segura no pudo interrogar el martes a uno de los principales implicados, Frank Aybar, quien está preso en el penal de máxima seguridad de Castro Castro y es líder, junto con su hermano --un ex oficial del ejército--, de una banda de traficantes de armas.
"Se postergó también el interrogatorio del ruso (detenido en el mismo penal) Víctor Raschivkine. Se busca una fecha pronto para iniciar el proceso", dijo la fuente judicial, que pidió que su nombre no fuera revelado, sin ofrecer mayores comentarios.
El presidente peruano, Alberto Fujimori, anunció a fines de agosto el desmantelamiento de una red de traficantes que abasteció el año pasado armas a las FARC.
El arsenal fue dejado caer en paracaídas desde un avión en una zona dominada por la guerrilla en Colombia. El avión posteriormente regresó a Perú.
Según el gobierno, las armas llegaron a este país después que ex oficiales peruanos suplantaron a miembros activos del ejército para comprar las armas en Jordania, cuyas autoridades pensaron que habían sido adquiridas legalmente por el estado peruano.
Al desmantelar el grupo traficante de armas, las autoridades capturaron a seis personas, entre ellos tres ex miembros del ejército peruano, quienes permanecen presos en sedes militares.
A inicios de este mes la policía capturó a otros tres implicados en el caso y la semana pasada la jueza Segura incluyó en el proceso a 24 personas entre civiles y militares y solicitó a la Interpol la captura de 29 extranjeros.
Según el expediente del caso, entre los implicados figura Sarkis Sorghanolian, un ciudadano de origen libanés, quien fue presuntamente el nexo entre la organización peruana y el gobierno de Jordania.
"El gobierno quiere mantener en dependencias militares a los ex miembros del ejército para que no se sepa lo que realmente ha pasado. Hay un manejo político en el tema", dijo el abogado Heriberto Benitez, defensor del ex teniente del ejército, Luis Aybar, preso en la sede militar Real Felipe.
El presidente de Colombia, Andrés Pastrana, dijo la semana pasada que Perú debe esclarecer cómo llegaron armas vendidas por Jordania a manos de la guerrilla colombiana vía territorio peruano.