Juez chileno que espera procesar a Pinochet retoma sus funciones

SANTIAGO - El juez chileno Juan Guzmán retomó el lunes la investigación por las violaciones a los derechos humanos bajo la dictadura del general Augusto Pinochet (1973-90), en vísperas de un crucial fallo sobre el desafuero del ex gobernante, que la Corte Suprema emitirá este martes.
El magistrado, de 61 años, integrante de la Corte de Apelaciones de Santiago, usó una licencia médica que se prolongó mes y medio, recordó uno de sus secretarios.
Guzmán tiene en su manos 157 querellas criminales contra el ex gobernante de 84 años de edad, también ex jefe del Ejército y actual senador.
La Corte Suprema difundirá mañana un dictamen final sobre la mantención o el levantamiento de la inmunidad parlamentaria de Pinochet, que hasta ahora lo ha protegido de encausamientos formales.
Según el indagación judicial de Guzmán, el militar es sospechoso de responsabilidades de mando en 74 asesinatos y desapariciones cometidos por la llamada 'caravana de la muerte', una tropa que recorrió Chile ejecutado presos políticos en octubre de 1973, al mes siguiente de la instalación del gobierno militar.
El desafuero de Pinochet, cuya defensa alega "inocencia total" de los cargos, fue aprobado ya por la Corte de Apelaciones de Santiago, hace dos meses.
Trascendidos de fuentes del foro advirtieron que la Corte Suprema, de 20 miembros, confirmará el desafuero de Pinochet por una holgada mayoría.
El pasado viernes, el presidente del tribunal, Hernán Alvarez, dijo que el veredicto fue votado, pero rehusó precisiones.
Tras la comunicación pública del dictámen de la máxima corte el martes, el juez Guzmán podrá reactivar el caso de 'la caravana' con acciones procesales contra Pinochet.
Tras el eventual encausamiento del ex presidente, Guzmán deberá aplicar la ley que establece examenes médicos obligados a los acusados de más de 70 años de edad.
El hijo menor de Pinochet, Marco Antonio, anticipó que su padre rehusará el trámite, destinado a verificar el estado mental y físico antes de inaugurar los interrogatorios.
Pinochet, como cualquier ciudadano sujeto a una causa en una corte, será exhortado a decir la verdad, entregar datos de edad y residencia, decir si sabe o no leer y escribir y comunicar si ha sido procesado antes, según dispone el reglamento.
Juristas citados por la prensa local han discrepado sobre facultades que el tribunal tendría para no hacer esta verificación, si el acusado persiste en su rebeldía.
Después, los interrogatorios de Guzmán a Pinochet sobre los cargos podrán ser personales o por escrito, al amparo de la disposición que libera a los generales chilenos de concurrir de cuerpo presente ante el juez.
Durante la detencion en Londres de Pinochet, entre finales de 1998 y comienzos de 2000, cuando un tribunal de España le reclamó por delitos de "genocidio, torturas y terrorismo" de "persecucion universal", Guzmán envió dos cuestionarios escritos al general, mientras ahondaba en las querellas chilenas.
Pinochet no respondió las preguntas y finalmente evadió la extradición a España gracias la decisión el gobierno británico de autorizar su regreso a Chile por razones humanitarias, debido a su mal estado de salud.