Internacional

Fujimori bajo la mirada de la OEA y con la oposición en pie de guerra

El presidente Alberto Fujimori iniciará el próximo 28 de julio su tercer gobierno consecutivo, bajo la atenta mirada de la Organización de Estados Americanos (OEA) y con los partidos de oposición en aprestos para protestar por lo que consideran como una elección "ilegítima".


LIMA - El presidente Alberto Fujimori iniciará el próximo 28 de julio su tercer gobierno consecutivo, bajo la atenta mirada de la Organización de Estados Americanos (OEA) y con los partidos de oposición en aprestos para protestar por lo que consideran como una elección "ilegítima".
El panorama se complica aún más por la ausencia anunciada de diez mandatarios latinoamericanos (de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Panamá, Paraguay, Uruguay y Venezuela) a los actos de investidura presidencial, gesto que la oposición interpreta como un cuestionamiento a la reelección de Fujimori.
Sólo llegarán a Lima los mandatarios Gustavo Noboa, de Ecuador, y Hugo Bánzer, de Bolivia.
Será la primera vez que un presidente de Perú juramentará en un ambiente enrarecido en el frente externo y cargado de tensión en el plano interno por los preparativos de la marcha de los "cuatro suyos", organizada por Perú Posible, el partido del ex candidato y líder opositor, Alejandro Toledo.
"Suyo" es un vocablo quechua que significa región y la denominación de la marcha alude a la división administrativa en cuatro suyos del Imperio de los Incas.
Al iniciar su tercer mandato, Fujimori tiene sobre sus espaldas la responsabilidad de poner en ejecución un paquete de 29 recomendaciones presentadas hace un mes por una comisión del más alto nivel de la OEA con el objetivo de perfeccionar la democracia peruana, tras las discutidas elecciones en segunda vuelta del 28 de mayo en que resultó reelecto.
La magnitud de las denuncias de irregularidades y sospechas de fraude llevaron el caso de las elecciones peruanas hasta la asamblea general de la OEA, que designó a su secretario general César Gaviria y al canciller de Canadá Lloyd Axworthy como miembros de la comisión que llegó a Lima a fines de junio y presentó las recomendaciones, aunque sin cuestionar los comicios.
Esto obligará a Fujimori a tener que convivir durante una temporada -un año en promedio- con un grupo veedor de la OEA encabezado por el dominicano Eduardo Latorre, designado secretario permanente en Perú de la OEA por la misión Gaviria-Axworthy, que supervisará la puesta en ejecución de las propuestas del organismo.
Apenas diez días después que el mandatario inicie su nuevo período, Gaviria -quien tampoco estará en los actos de toma de mando- hará una nueva visita a Lima, el 7 de agosto, como parte de sus gestiones para fortalecer la democracia, según anunció Latorre esta semana cuando visitó la capital peruana para reunirse con personajes del oficialismo y la oposición.
El propósito es tratar de limar asperezas y sentar en una mesa de diálogo a ambos sectores, que mantienen un enconado conflicto a raíz de los comicios que el gobierno defiende cerradamente y que sus adversarios rechazan de plano.
Para presionar a Fujimori a dar medidas democratizadoras y con la perspectiva de nuevos comicios en un plazo de un año, Toledo dio la largada el jueves a la marcha de los "cuatro suyos" en la nororiental Iquitos, desde donde partió un contingente de unas 150 personas que emprendieron una travesía por el río Amazonas hasta Pucallpa, otra ciudad selvática, para luego seguir por tierra a Lima.
"Será una marcha eminentemente pacífica", reiteró Toledo en Iquitos, quien diez días antes de la segunda vuelta electoral de junio pasado retiró su candidatura argumentando que no había garantías para elecciones limpias y transparentes.
Carlos Bruce, uno de los coordinadores de la marcha, anunció que el 26 de julio se concentrarán en Lima no menos de 250.000 personas, en una protesta sin precedentes en el país, según dijo, que realizarán movilizaciones diarias hasta el viernes 28, día en que Fujimori debe juramentar.
Voceros del gobierno han manifestado que los ciudadanos son libres de expresar su protesta y que la policía sólo actuará para resguardar el orden, pero los organizadores han denunciado que se advierten signos de "guerra sucia", con los que se busca desprestigiar los objetivos de la movilización.

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