Organismos humanitarios reclaman extradición a España de 48 argentinos

BUENOS AIRES - Representantes de organismos humanitarios, sindicales y estudiantiles solicitaron este miércoles a la Justicia que haga lugar al pedido de extradición de 48 argentinos (47 militares y policías y un civil), presentado por el juez español Baltasar Garzón.
El pedido fue hecho ante el juez federal Gustavo Literas quien recibió a las entidades en su despacho de Tribunales, informaron fuentes del juzgado.
Además, los organismos plantearon constituirse como "amicus curiae" (amigos del tribunal) en un eventual juicio de extradición a España de los 48 argentinos procesados allí por Garzón en una causa por "genocidio y terrorismo" llevado a cabo durante la última dictadura (1976/83).
La presentación fue hecha este miércoles por la Asociación Americana de Juristas, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, el Centro de Estudios Legales y Sociales, la Agrupación de Ex Detenidos-desaparecidos, la Federación Universitaria Argentina y la Central de Trabajadores Argentinos.
Junto a ellos, estuvieron además los diputados nacionales de la oficialista Alianza UCR-Frepaso (socialdemócrata) Marcela Bordenave, Jorge Rivas, Alfredo Bravo y Jorge Giles.
Según las fuentes, Literas explicó a los representantes de las asociaciones de derechos humanos que la Cancillería argentina aún no le remitió el pedido oficial de detención librado por Baltasar Garzón.
Literas aseguró que el ministerio de Relaciones Exteriores aguarda recibir la solicitud de extradición por parte de Garzón, para remitir luego los pedidos de detención.
En cambio, las entidades estimaron que la Cancillería "está reteniendo documentación" y que "Literas se halla en condiciones de ordenar las detenciones provisionales".
Por eso solicitaron "la inmediata detención de las 48 personas, con miras al proceso de extradición".
Entre los militares requeridos por Garzón, en enero pasado, figuran los ex dictadores Jorge Videla y Emilio Massera quienes cumplen prisión domiciliaria por su participación en el secuestro de hijos de desaparecidos nacidos en cautiverio durante la dictadura.